Universidades públicas de Madrid en pie de huelga contra la asfixia económica de Ayuso
Convocan dos días de paro el mes de noviembre, aunque no descartan escalar a una huelga indefinida si no se atienden sus demandas.
Las universidades públicas madrileñas se preparan para dos días de huelga en noviembre, convocados por una coordinadora que agrupa a estudiantes, profesores y personal administrativo. Esta movilización surge en respuesta al estrangulamiento económico que impone el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con Madrid posicionada como la comunidad autónoma que menos presupuesto destina proporcionalmente a sus centros universitarios.
La plataforma UCM Por la Pública ha emitido un comunicado destacando que, pese al crecimiento del PIB regional en un 8,8% durante los últimos 15 años, el presupuesto para personal en la Universidad Complutense ha caído un 15,5%, haciendo que se hayan visto obligados a depender de préstamos para cubrir necesidades básicas. La situación en Madrid es crítica: tasas de grado y máster entre las más altas del Estado español y salarios por debajo de la media estatal.
Entre las universidades más afectadas se encuentran la Rey Juan Carlos (URJC), la Autónoma (UAM), la Carlos III (UC3M) y la Complutense (UCM), que figuran como las cuatro con menor financiación por estudiante en todo el Estado. Estas han rechazado el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo autonómico, que podría limitar la aportación pública al 70% del presupuesto total, incorporando un componente "basado en objetivos"; lo que supondría introducir lógicas del negocio privado en un servicio público esencial. "No podemos admitir que el derecho a la educación dependa de préstamos o de métricas lucrativas", señalan en su comunicado, enfatizando que esta política perpetúa la "asfixia económica" iniciada en la crisis de 2008 y atribuye falsamente la culpa a los trabajadores de los centros.
El anuncio de la huelga coincide con la revelación de que el Gobierno de la comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros adicionales al capítulo de financiación "por objetivos" para las seis universidades públicas. Sin embargo, los convocantes ven esta medida como insuficiente y contraproducente, ya que no resuelve la dependencia de fondos externos ni garantiza una cobertura integral. En cambio, exigen "un compromiso con una financiación al 100% pública, libre de condicionantes que prioricen la rentabilidad sobre la accesibilidad y calidad educativa". Voces desde la comunidad universitaria, como catedráticos o estudiantes entrevistados en medios, no descartan escalar a una huelga indefinida si no se atienden sus demandas.
La "libertad" de Ayuso: libertad de negocio, sanciones por protestas
Mientras tanto, el Gobierno de Ayuso defiende la infrafinanciación de la pública, señalando a los convocantes de la huelga como los culpables de su situación, y, sin ruborizarse, exigiéndoles "una gestión responsable". Voces del entorno universitario señalan que esta postura ignora, o quiere ignorar el impacto acumulado de los recortes de las últimas décadas, que han llevado a situaciones extremas como la imposibilidad de la Complutense para pagar nóminas sin tener que pedir préstamos. La huelga, aún sin fechas concretas, se enmarca en un contexto de tensiones crecientes, donde las recientes medidas sobre protestas en los campus podrían reprimir aún más la realización de las manifestaciones.
El borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), introduce un régimen sancionador para reprimir las protestas en los campus universitarios públicos. Este proyecto de ley, revelado en junio, establece multas que oscilan entre los 15.000 euros por acciones como colgar pancartas, hasta los 100.000 euros por manifestaciones o escraches "no autorizados", y podría llegar a un millón de euros en casos considerados "muy graves", como vulnerar la "pluralidad" o "libertad de expresión" según el criterio del Ejecutivo autonómico.
La ley surge como una respuesta a protestas recientes, como las acampadas contra el genocidio en Palestina o manifestaciones contra las políticas educativas del PP, y ha sido comparada con medidas represivas en campus estadounidenses bajo influencia de Donald Trump.
