Más del 90% de la droga entrante a EE.UU. no pasa por las rutas atacadas en el Caribe
Washington invierte millones de dólares en atacar narcolanchas en las costas de Venezuela, aunque dicha vía supone menos de un 10% del trafico de cocaína y un 3% del tráfico de fentanilo.
La vigente campaña de ataques militares contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe, que ha resultado en más de 37 asesinatos sumarios en al menos nueve operaciones (hasta el 22 de octubre), se enfrenta a un escrutinio basado en datos que revelan su impacto marginal en el tráfico global de drogas hacia los Estados Unidos de América. Las estadísticas oficiales del propio gobierno estadounidense pintan un panorama donde Venezuela es una ruta secundaria, representando solo entre el 10% y 13% del flujo de cocaína detectada en 2024, siendo ésta la droga más representada en esta ruta, con diferencia. Esta cifra palidece, sin embargo, en comparación con los corredores principales: ese mismo año, por Guatemala transitaron al menos 1.400 toneladas, más de 6.6 veces la cantidad venezolana.
La narrativa de una "guerra total contra el narco" en el Caribe omite la abrumadora realidad geográfica del fenómeno: las cifras del Gobierno estadounidense demuestran que entre el 72% y el 90% de toda la cocaína con destino EE.UU. utiliza el corredor México-Centroamérica, con las autoridades estimando que cerca del 90% ingresa al país a través de su frontera terrestre con México. En contraposición, se observa cómo los misiles Hellfire, con un coste aproximado de 100.000 dólares por unidad, se disparan en rutas insignificantes que más bien sirven para amenazar a Venezuela.
La justificación de los ataques se vuelve más débil aún al examinar la actual crisis del fentanilo, la cual está relacionada con el 69% de todas las muertes por sobredosis en EE.UU. en 2024. El 96% de las incautaciones de esta sustancia letal suceden en la frontera suroeste con México. Los cárteles mexicanos manufacturan la droga y la introducen por vía terrestre, frecuentemente transportada por ciudadanos estadounidenses, según reportes oficiales estadounidenses. De hecho, Información del Washington Institute on Latin America revela que las rutas que están atacando actualmente tienen como destino primario diferentes regiones de Europa y Africa Occidental.
El análisis del gasto federal también desvela una diferencia notable. Mientras la DEA recibe 1.627 millones de dólares para el "combate doméstico de las drogas" (incluyendo el trafico interno y la producción), el presupuesto solo para la Patrulla Fronteriza (CBP) asciende a 4.300 millones, una proporción de 2.6 a 1 a favor de la interdicción fronteriza. En este sentido, es representativo que la propia DEA no sea capaz de siquiera estimar la producción interna de drogas actualmente (al contrario de lo sucedido en el pasado con los laboratorios de metanfetamina), ya que las principales operaciones actualmente se destinan simplemente a intentar atenuar el trafico interno. Además, la desproporción presupuestaria se magnifica con los presupuestos adicionales (aún sin publicar) causados por el despliegue del aparato militar, cuyos costes operacionales multiplican los de la Guardia Costera.
La estrategia militar de Washington se caracteriza por su falta de transparencia y resultados medibles. Hasta la fecha, la administración no ha proporcionado evidencia pública de las drogas incautadas en estos ataques. Las operaciones han dejado un saldo de 37 fallecidos, pero cero arrestos, cero enjuiciamientos y cero evidencia judicial preservada, además de vulnerar numerosas leyes internacionales.
