Desahucian a una madre con bebé y detienen a una activista en Azuqueca
Rafaella Corrales denuncia arresto y trato vejatorio de la Guardia Civil en el desalojo de una familia en Guadalajara; la Plataforma Feminista de Guadalajara señala acoso inmobiliario y cortes de luz, agua y gas.
Este jueves por la tarde, la activista Rafaella Corrales, vinculada a Podemos y Sumar, fue detenida en Azuqueca de Henares (Guadalajara, Castilla-La Mancha) mientras luchaba contra el desalojo de una mujer con su bebé en el número 22 de la calle Abetos, informa Guadalajaradiario.es. Corrales fue trasladada por la fuerza a un centro de salud y posteriormente al cuartel de la Guardia Civil, donde su abogada confirmó que le interpusieron una denuncia por "desobediencia a la autoridad" y "agresión" a un agente, antes de ser puesta en libertad.
Sin embargo, Corrales ha relatado ante El Decano de Guadalajara haber sufrido trato vejatorio durante la detención: "Me quitaron todos los piercing que pudieron y como la sudadera que llevaba tenía cordones, me dijeron que los quitase. Me negué y entonces me dejaron en sujetador". Así fue como la desplazaron hasta el Centro de Salud de la localidad a causa de un golpe que recibió en un hombro por parte de uno de los agentes, lesión recogida en un parte médico. Posteriormente, con el torso semidesnuvo, fue trasladada al Cuartel de la Guardia Civil, donde permaneció en el calabozo durante tres horas. "Como ya me habían humillado bastante, decidí quitarme el sujetador y así se se hicieron todas las diligencias, con el pecho desnudo". Sobre las 21:30 de la noche fue puesta en libertad con cargos, "sólo porque había gente de la Plataforma en la calle protestando", explica.
El desalojo, donde la mujer afectada quedó fuera de la vivienda mientras sus pertenencias permanecieron dentro, llega en un contexto conflictivo por parte de la propiedad. Las vecinas denuncian presiones de la empresa GAESCOM Inmuebles S.L., propietaria de los pisos, que incluyen cortes de luz, agua y gas, bloqueos de cerraduras y golpes en la puerta. Según la abogada de Corrales y la Plataforma Feminista de Guadalajara, ambas mujeres mantienen contratos de alquiler anteriores a la compra de la propiedad y aseguran que “desde que se ha producido el cambio de propietario, no han hecho efectivo el pago de la renta porque no saben con quién tienen que hablar ni a quién pagar”. Aún así, testigos explicaron a Guadalajaradiario.es que la Guardia Civil actuó basándose en que "la ocupación tenía menos de 48 horas", lo que permite el desalojo sin orden judicial. Miembros del Ayuntamiento de Azuqueca ofrecieron alojamiento temporal y atención de los servicios sociales municipales y autonómicos.
Acusan a la propiedad de eludir el proceso legal "porque no tienen derecho a actuar como lo hacen y prefieren acosar: cortando suminsitros, golpeando sus puertas con matones, apareciendo en programas de televisión mintiendo, insultando e imputando delitos a estas madres trabajadoras que lo único que han hecho es defender su derecho a su hogar. La indefensión que sufren es brutal", afirman desde la Plataforma Feminista de Guadalajara en sus redes sociales.
"Hay bicho dentro"
Según explica Guadalajaradiario.es, cuando se produce una compraventa de un piso con inquilino, es habitual que las inmobiliarias y los propietarios se refieran a los inquilinos con una expresión deshumanizante: “hay bicho dentro” . En muchos casos, las partes interesadas tratan de librarse de los contratos e inquilinos antiguos con los para obtener más ganancias con nuevos arrendamientos. Esta vez, las denuncias de las afectadas y su entorno de apoyo apuntan que los nuevos propietarios, que se han apoderado de varios pisos del edificio, habrían recurrido a una empresa de 'desokupación' de inmuebles.
Por su parte, GAESCOM criminaliza y estigmatiza a las mujeres, afirmando que son "okupas", además de acusarlas de "cortar cables y servicios de internet" y que los pisos "son puntos de venta de droga". La empresa afirma haber ofrecido dinero para abandonar los inmuebles y denuncia "daños" a vehículos de sus "empleados". La Plataforma Feminista denuncia estas acusaciones y recuerda que una de las afectadas perdió su empleo debido al estrés generado, además de contar ambas con certificados de vulnerabilidad emitidos por la Concejalía de Bienestar Social de Azuqueca.
