El pasado domingo, 26 de octubre, un vecino de Lugo (Galiza) atacó a una persona en situación de calle que pasaba la noche en la entrada de un garaje en la calle Alcalde Xosé Novo Freire. El atacante prendió fuego a sus pertenencias y abandonó el lugar. Una vecina de la ciudad que se encontraba próxima al escenario pudo socorrer a la víctima gracias al aviso de otra transeúnte antes de que llegase a sufrir los efectos del fuego. La testigo, que contactó con militantes del Movimiento Socialista de la misma ciudad para denunciar los hechos, además de compartir en redes una denuncia pública, afirma que el atacante se alejó entre risas del lugar de los hechos.

Según la mujer testigo de los hechos, “si no llegaba a estar allí, el señor se habría quemado”. La testigo afirma no entender el trato de la policía ante semejante ataque. La mujer dice que se puso en contacto con el 112, la Policía Local de Lugo y la Policía Nacional española, y no obtuvo ayuda ni respuesta. Los cuerpos de seguridad del Estado no se habrían interesado por el estado de la persona atacada, ni por una descripción física del atacante ni por una explicación de los hechos. La testigo dice no poder detectar la motivación detrás del ataque, aunque recuerda la “crueldad de ver como se reía mientras quemaba a una persona”.

Un aumento de actos violentos y reaccionarios en Galiza en los últimos tiempos se han observado diversos ataques contra población vulnerable en diferentes puntos de la geografía. Desde la presencia de “patrullas vecinales” en la ciudad de Ourense, apoyadas por organizaciones fascistas y reaccionarias como el Frente Obrero, con actos violentos contra población vulnerable y en situación de calle en la ciudad, hasta el ataque con cócteles molotov al futuro centro de acogida de menores migrantes en Monforte de Lemos.

Desde la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) denuncian los hechos y señalan que estos ataques no se pueden comprender “sin ver como los discursos en defensa de la seguridad se están utilizando para deshumanizar y criminalzar a las personas en situación más vulnerable”. Señalan que “si bien estas actividades no tienen porque estar coordinadas, siguen siendo consecuencia del aumento de las posiciones anti-proletarias que criminalizan la pobreza”.

La consecuencia está siendo un aumento de la inseguridad para aquellas personas que se ven obligadas a vivir en las peores condiciones. Desde la organización señalan como responsables directos a aquellos que empujan a las personas a vivir tales condiciones vulnerables: “los propietarios que nos expulsan de nuestras casas, los políticos profesionales que recortan incansablemente los servicios públicos y los empresarios son responsables directos del abandono y la inseguridad en la que muchos tienen que vivir”.