El 40% de los grandes empresarios en la Transición provenía de las élites franquistas
Apenas 100 familias controlaban el 85% del poder financiero del Estado español.
El periodo conocido en el Estado español como la Transición (1975-1982) es un pasaje histórico lleno de sombras. Ese intervalo de tiempo se vende como una “transformación limpia” de la dictadura franquista hacia la “democracia”, pero son numerosos los aspectos que han sido puestos en entredicho; el ámbito económico e industrial, por ejemplo, no es una excepción.
Tal como recuerda el informe IBEX 35. Una historia herética del poder en España, el primer índice IBEX 35 se creó en la década de los 90, vinculado a la mesa de coordinación de las 35 empresas más poderosas del momento. Entre ellas, muchos consejeros ejecutivos procedían directamente de las más altas instancias tecnocráticas del franquismo. De hecho, entre las autoridades económicas que ocuparon esos puestos, más del 40 % provenía de las élites económicas del franquismo.
El informe subraya que, gracias a esa masiva cooptación, las élites económicas aseguraron su continuidad y la transferencia de sus redes de influencia, al tiempo que obtenían la amnistía de quienes habían consolidado su poder económico bajo el régimen fascista.
Todo ello fue posible, entre otras razones, por la concentración de capital que se produjo en los últimos años del régimen. En esos años, unas 100 familias controlaban el 84,8 % del capital bancario de todo el Estado español. De los veinte bancos más importantes del momento, dieciséis mantenían vínculos de parentesco entre sí. Impulsadas por esa concentración, las élites económicas “sacaron” al extranjero más de 300.000 millones de pesetas en forma de inversiones entre 1975 y 1977, para presionar a los gobiernos de la “Transición” a fin de que atendieran sus demandas, como posteriormente ocurrió en los Pactos de la Moncloa y otros acuerdos similares.
La transferencia del patrimonio estatal también se llevó a cabo en forma de oligopolio, mediante una desregulación controlada y privatizaciones selectivas. La empresa pública dedicada a los recursos básicos, el Instituto Nacional de Industria (INI), fue desmantelada y transformada en corporaciones como Endesa o Telefónica, que quedaron bajo la dirección de las élites económicas de la época.
Los partidos institucionales de la “democracia” acordaron estas medidas bajo la excusa de reducir el déficit público. Estas operaciones llegaron a representar hasta el 5,6 % del PIB de 1982. Sin embargo, según diversas investigaciones, esas empresas públicas se vendieron “a un precio muy inferior a su valor de mercado”.
