El PSOE propone beneficios fiscales a fondos y empresas que cedan viviendas para "alquiler social"
Introduce una enmienda para incentivar fiscalmente la cesión de vivienda a programas públicos, bajo la excusa de "ampliar el parque de alquiler asequible".
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda para modificar la Ley del Impuesto de Sociedades con el fin de ofrecer ventajas fiscales a fondos de inversión, empresas y sociedades que transfieran inmuebles para destinarlos al "alquiler social o asequible". La propuesta se incorpora como disposición adicional en la ley que transpone una directiva europea sobre criptomonedas, según adelantó este lunes Europa Press.
La iniciativa contempla exenciones fiscales a las rentas derivadas de la transmisión “a título lucrativo” —es decir, sin contraprestación económica— de bienes inmuebles que pasen a formar parte de las políticas de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana encabezado por la rentista Isabel Rodríguez. El texto también prevé tener carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, permitiendo a las empresas aplicar las deducciones en ejercicios previos y multiplicando los beneficios a entidades multimillonarias.
En la justificación de la enmienda, el partido de Pedro Sánchez afirma que el objetivo es “impulsar la promoción de una oferta adecuada y sostenida de vivienda pública”, con el fin de “aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible y dar respuesta” a la creciente crisis de viviendal. En Ferraz consideran que esta medida “contribuirá a satisfacer las necesidades habitacionales” a corto plazo, mediante la cesión de activos privados al Estado.
Sin embargo, la propuesta abre un nuevo debate sobre el papel de los fondos inmobiliarios en la política pública de vivienda y las políticas del "Gobierno más progresista de la historia", que no deja de beneficiar sistemáticamente a un sector que en la última década ha concentrado miles de viviendas procedentes de desahucios y ventas de parques públicos. Mientras en Moncloa plantean incentivar su “colaboración”, el movimiento de vivienda denuncia que estas medidas consolidan la mercantilización del acceso a un bien básico y transfieren dinero público a grandes empresas y fondos del sector inmobiliario.
