El movimiento sindical griego PAME ha denunciado que la Justicia griega ha abierto un proceso judicial contra el presidente del sindicato de estibadores ENEDEP y contra el Centro de Trabajadores de El Pireo (Atenas), por su participación en una movilización que bloqueó el embarque de contenedores con munición destinada al ejército genocida israelí. Según informó PAME en un comunicado difundido el 2 de noviembre en su página web, el cargamento contenía millones de balas dirigidas a territorios palestinos ocupados por la entidad sionista “para la masacre de niños y civiles en Gaza y Cisjordania”.

Un año después de aquella acción sindical, Atenas ha reactivado los mecanismos judiciales para perseguir a quienes se opusieron al tránsito de material bélico desde el principal puerto del país. PAME califica la causa como “un intento vil de intimidar al movimiento obrero” y afirma que “la justicia del Gobierno está alineada con la economía de guerra y los presupuestos militarizados que buscan reprimir toda disidencia y criminalizar la acción sindical y la solidaridad internacionalista”.

El sindicato recuerda que el presidente de ENEDEP acaba de regresar de una misión de solidaridad en Cisjordania, donde trasladó el apoyo de los trabajadores griegos al pueblo palestino. PAME considera que la persecución representa “un ataque directo al derecho de los trabajadores a luchar y expresar su solidaridad con los pueblos que resisten al genocidio cometido por el Estado asesino de Israel”.

La organización responsabiliza directamente al gobierno de Nueva Democracia por su complicidad con la ofensiva israelí y con los intereses imperialistas de los Estados Unidos de América, la OTAN y la Unión Europea en la región. “Si la justicia griega busca culpables, debería empezar por Netanyahu, reclamado internacionalmente por crímenes de guerra, y dejar en paz a los trabajadores que detienen las balas destinadas a asesinar niños”, declaraba PAME. El movimiento sindical ha llamado a sindicatos de todo el mundo a exigir el fin inmediato de las acusaciones y la derogación de las leyes que penalizan la acción sindical y la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino.