Barcelona comienza la instalación de 500 nuevas cámaras de vigilancia
Los municipios gobernados por el PSC son los que más cámaras de vigilancia tienen instaladas en Catalunya; se prevé que la capital multiplicará por más de cuatro su red actual: de 160 cámaras a cerca de 700.
Esta semana, el Ayuntamiento de Barcelona (Catalunya) empezará a instalar 14 cámaras de vigilancia en la Plaza de Catalunya, el primer grupo de las más de 500 cámaras que prevé colocar en los próximos dos años. De este modo, durante el mandato de Jaume Collboni, Barcelona pasará de tener 160 cámaras de vigilancia a cerca de 700.
Siguiendo la línea de las grandes capitales europeas, Barcelona inicia así un despliegue masivo de cámaras de alta resolución, adaptadas para el reconocimiento facial y el procesamiento de imágenes, bajo el control de la Guardia Urbana.
A estas cifras se suman las 10.000 cámaras de la red de Metro, entre las que se incluyen 70 equipos de videovigilancia IP con sistemas de inteligencia artificial deep learning capaces —según la empresa contratista ADTEL— de “detectar comportamientos sospechosos entre los transeúntes”. A ello hay que añadir las más de 2.500 cámaras de seguridad con mecanismos similares instaladas en los autobuses, así como los drones con cámaras térmicas con los que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vigila el perímetro de sus instalaciones.
Las ciudades catalanas más vigiladas, en su mayoría gobernadas por el PSC
Según informó Horitzó Socialista la semana pasada, entre cámaras nuevas y renovaciones, el Departamento de Interior habría recibido más de 6.400 solicitudes en el último año, una cifra récord resultado de las políticas de seguridad que reflejan el giro autoritario vivido desde la pandemia de la COVID en 2020.
De acuerdo con los datos de Interior, Barcelona encabeza el ranking de ciudades con más cámaras de vigilancia autorizadas, con 1.334 en total, seguida de Cornellà de Llobregat (241), Tarragona (126), Sant Cugat del Vallès (120) y Lleida (113). Cuatro de estos cinco municipios están gobernados por el PSC, que estadísticamente es el principal impulsor de estos mecanismos de control social.
Control y criminalización de la protesta en un contexto de crisis
La ubicación de las nuevas cámaras en Barcelona no respondería únicamente a criterios de "incidencia delictiva", según reconocía la propia Maite Català, gerente del Área de Seguridad, Prevención y Convivencia del Ayuntamiento, sino también a lugares “donde suelen desarrollarse manifestaciones y concentraciones”.
El aumento constante de plazas de Mossos d’Esquadra, el uso cada vez más habitual del gas pimienta en protestas, la presencia normalizada de antidisturbios en desahucios, y ahora el despliegue masivo de cámaras en zonas de movilización, ejemplifican el modelo securitario que criminaliza la protesta.
Reconocimiento facial inactivo —por ahora—, pero disponible
Tanto los distintos gobiernos municipales como los cuerpos policiales y los defensores de las políticas de "seguridad" basadas en el control social se han apresurado a asegurar que esta instalación masiva "no incluirá sistemas de reconocimiento facial ni análisis de imágenes con inteligencia artificial", ya que la legislación actual no lo permite.
Sin embargo, las nuevas cámaras instaladas en la vía pública sí cuentan con esa capacidad, aunque supuestamente no se utilice (a diferencia de las del transporte público). Sin ir más lejos, las 17 cámaras instaladas en Barcelona en 2023 eran “de alta resolución y estaban equipadas con un sistema de reconocimiento facial”, que permitiría a las fuerzas policiales clasificar a los peatones por género, edad, accesorios o ropa, así como registrar matrículas de vehículos y diferenciar tipos de ruido, según informó Vilaweb.
En consecuencia, la red de cámaras de vigilancia de Barcelona ya está equipada y preparada para aplicar el reconocimiento facial y el procesamiento de imágenes mediante IA en cuanto se produzca cualquier cambio legislativo.
