El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denuncia la nueva Ley de Vivienda Vasca
Acusa al PNV y al PSE de promover una ley que "servirá para relanzar un ciclo constructor y rentista", en detrimento de servicios sociales de emergencia.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denunció este martes que la nueva Ley Vasca de Vivienda, impulsada por el PNV y el PSE, servirá para “relanzar un nuevo ciclo constructor y rentista” y no para resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda.
En una comparecencia ante el Parlamento Vasco difundida este 4 de noviembre bajo el lema No a la Ley de Vivienda. Las constructoras dictan, PNV y PSE legislan, el Sindicato sostiene que la ley “parte de una premisa absolutamente falsa”, ya que “según dice, tenemos un problema de falta de vivienda que se debería a que el mercado no es suficientemente rentable”. Frente a esa interpretación, la organización afirma que la función que el texto atribuye a las instituciones es “garantizar que este sector sea más rentable y más seguro para las inversiones”.
Por ello, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria considera que la norma “no resolverá el problema de la vivienda, sino que transferirá aún más riqueza de la clase trabajadora a las grandes constructoras e inmobiliarias”. Según los datos difundidos por la organización, “la rentabilidad del mercado inmobiliario es actualmente del 15%, mientras que el resto de sectores se sitúan entre el 3% y el 7%”.
Tres consecuencias principales
El comunicado del Sindicato identifica tres consecuencias directas derivadas de la aprobación de la ley.
En primer lugar, denuncian que “se están quitando recursos a quien peor está para dirigirlos a las capas más acomodadas de la sociedad”. En esa línea, afirman que “mientras se destinan cientos de miles de euros a constructoras y rentistas en forma de suelo, excepciones fiscales o ayudas directas, se recortan servicios sociales de emergencia”. Entre los ejemplos, señalan “el cierre de albergues, los recortes de personal y la reforma de la RGI, que dejará fuera de la prestación a las personas más vulnerables”.
En segundo lugar, el Sindicato advierte de una desregulación urbanística y medioambiental. “Con el propósito de construir más, más rápido y de forma más rentable, se flexibilizarán los criterios de habitabilidad y se acelerarán los procedimientos de impacto ecológico”, señala el comunicado. Según explican, la norma permitirá “construir en lonjas o bajos, empeorando la calidad media de las viviendas, y a las constructoras sortear las prohibiciones medioambientales para edificar donde más les convenga”.
🧱𝐄𝐭𝐱𝐞𝐛𝐢𝐳𝐢𝐭𝐳𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚𝐫𝐢 𝐞𝐳.
— Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista (@EtxeSindikatua) November 4, 2025
"Etxebizitza Lege berriak premisa faltsu bat du abiapuntu: ez dagoela nahikoa etxebizitzarik salmentan edo alokairuan errentagarria ez delako" pic.twitter.com/Q3NZbYt3Q7
La tercera consecuencia señalada por la organización es la introducción del concepto de “vivienda asequible”, que el Sindicato califica de “vacío”. “Ese concepto no quiere decir nada en concreto y permitirá que los empresarios se acojan a ventajas fiscales y beneficios de todo tipo”, añaden. La organización denuncia que bajo esa etiqueta “se incluirán incluso viviendas de 300.000 euros, lo que demuestra que el objetivo real es garantizar la rentabilidad del sector y no facilitar el acceso a la vivienda”.
“Sacar las manos del negocio inmobiliario”
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria concluye su comunicado afirmando que “el problema de la vivienda no va a solucionarse financiando el negocio de la vivienda”. Reclama “sacar las manos de constructoras e inmobiliarias de las políticas de vivienda” y “aumentar el control obrero sobre las viviendas y sobre las decisiones que afectan a las necesidades básicas de la clase trabajadora”.
“El resultado de dejar las políticas de vivienda en manos de empresarios y políticos a su servicio será siempre el mismo: más beneficios para los de siempre y miseria para el resto”, advierte la organización del Movimiento Socialista, que llama a “reforzar la organización de clase y defender las condiciones de vida” frente a una ley que califican como una herramienta al servicio del negocio inmobiliario.
