Israel avanza en la pena de muerte y la censura de medios extranjeros
La Knesset da el primer paso para aprobar la ampliación de la pena capital y la facultad para cerrar medios sin orden judicial.
El Parlamento israelí aprobó este lunes en primera lectura dos proyectos de ley que han generado preocupación a nivel internacional por su impacto en derechos humanos y libertad de prensa, según confirman la prensa sionista e internacional.
El primero de los proyectos, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, ampliaría el uso de la pena de muerte a personas condenadas por “terrorismo” o homicidios considerados “motivados nacionalmente”. La iniciativa obtuvo 39 votos a favor y 16 en contra y pasa ahora a comisión parlamentaria para su discusión previa a la segunda y tercera lectura, según reportó la agencia Reuters.
Ben Gvir defendió que la medida “[crearía una disuasión sustancial]” contra lo que los sionistas denominan como "terrorismo" y condicionó la permanencia de su partido en la coalición a la votación de la ley. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que inicialmente había expresado algunas reservas por posibles represalias contra prisioneros israelíes en Gaza, ya ha apoyado la iniciativa tras la implementación de un frágil alto el fuego donde los prisioneros sionistas remanentes han sido liberados.
El Estado de Israel solo permite actualmente la pena de muerte bajo orden judicial en casos excepcionales, aunque de facto la aplica a diario contra la población palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén/Al Quds. La única ejecución por orden judicial en la historia del Estado sionista fue la del nazi Adolf Eichmann, ahorcado en 1962 tras ser capturado por agentes israelíes en Argentina en una operación propagandística para legitimar al régimen colonial ante los supervivientes del Holocausto.
Ley de medios extranjeros
En la misma sesión, la Knesset aprobó en primera lectura un proyecto de ley separado que facultaría al Gobierno israelí para cerrar medios extranjeros sin necesidad de orden judicial, formalizando lo que se ha llamado la llamada Ley Al Jazeera. La propuesta de norma fue presentada por el parlamentario del Likud Ariel Kallner y respaldada por la coalición de derecha de Netanyahu. La ley haría permanentes los poderes del Ejecutivo para suspender medios extranjeros, incluso fuera de situaciones de guerra o "emergencia nacional", y eliminaría la supervisión judicial. Esto surge después de que el Ministerio de Comunicaciones cerrara en 2024 las operaciones de la cadena qatarí Al Jazeera, acusándola de "sesgo anti-Israel" y de "apoyar a Hamas" a través de su cobertura del genocidio en Gaza, acusaciones que la propia Al Jazeera ha negado y ha condenado repetidamente.
Organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras (RSF), han denunciado la propuesta, calificándola de “el primer clavo en el ataúd de la independencia editorial de los medios de difusión en Israel”. La directora editorial de RSF, Anne Bocandé, advirtió que “en un contexto de guerra y campaña electoral próxima, el gobierno de Netanyahu busca silenciar voces críticas a la coalición de extrema derecha en el poder”, y alertó sobre las consecuencias negativas permanentes para el panorama mediático israelí, donde ya de por sí no existen libertades políticas y de prensa fuera de los márgenes del sionismo.
