El modelo nórdico policial, nada de especial
El 20% de agentes suecos simpatiza con partidos fascistas, el 49% de las oficiales sufre acoso sexual y registros ilegales afectan a minorías étnicas y migrantes.
Los países nórdicos presumen de un modelo policial "ejemplar": "confianza ciudadana", "bajos niveles de violencia" y énfasis en "derechos humanos". Pero detrás de esa fachada idílica se esconden abusos sistemáticos, discriminación racial, machismo institucional y vínculos con el fascismo que demuestran que, en el fondo, tienen la misma naturaleza que cualquier otra fuerza represiva.
Por ejemplo, Civil Rights Defenders, grupo sueco de derechos humanos, presentó una denuncia en 2016 sobre la conducta policial durante los macrodesahucios de ciudadanos vulnerables en el distrito de Farsta-Vantör de Estocolmo. Los desalojos masivos de familias enteras implicaron la destrucción de decenas de asentamientos "ilegales" sin proporcionar ninguna alternativa habitacional. Además, se les confiscaron todos sus bienes personales (como tiendas de campaña y pertenencias) y recibieron un trato discriminatorio, negándoseles, por ejemplo, un traductor que puediera ayudarlos, ya que la mayoría no hablaban ni sueco ni inglés.
Violencia policial y torturas
El medio alemán centrado en escandinavia ND-Aktuell reveló que entre 2020 y 2022 se registraron al menos cuatro muertes por uso de pistolas eléctricas policiales, según la Agencia de Medicina Forense, en un contexto de opacidad donde solo se reportan oficialmente los disparos letales, ignorando muertes en custodia o por omisión.
También en Suecia, existen reportes de 2023 donde un joven de 16 años secuestrado en un centro de detención juvenil (SiS) en Bärby fue sometido a aislamiento prolongado, durante 23 días, atado con correas a una cama durante horas y golpeado por personal de seguridad. El caso fue denunciado por el colectivo antifascista juvenil BRYT!, que lo clasificó como tortura psicológica y física. El joven intentó suicidarse dos veces. El medio anarquista Allt åt Alla hizo público en 2021 que, durante una redada en un centro ocupado en Malmö, la policía usó "técnicas de contención" que incluyeron presión en el cuello, golpes en la cabeza y esposas tan apretadas que causaron lesiones nerviosas permanentes en dos militantes. Uno de ellos perdió la sensibilidad en la mano izquierda.
En Dinamarca, el colectivo antifascista Modkraft publicó en marzo de 2020 el informe Tortur i Ellebæk, recopilando varios casos de distintos medios sobre violencia policial: el caso más destacado es el de Jens Arne Ørskov Mathiasen, un joven de 21 años que murió en 2012 durante una detención en una área de descanso entre Løgstør y Aalborg; la policía lo sometió a fuerza extrema, y la investigación posterior fue criticada por su "proceso de investigación sesgado", que absolvió a los agentes pese a evidencias de estrangulamiento. Modkraft lo presenta como ejemplo de opacidad en muertes por arrestos o disparos policiales, con al menos otros dos casos similares en los 2000 por negligencia en custodia (uno por sobredosis no atendida en celda).
En la misma línea, en los disturbios de Nørrebro en 1993, la policía disparó contra manifestantes, hiriendo a 11 personas, sin que se realizara ninguna investigación independiente al respecto, pese a múltiples peticiones. Durante el desalojo del centro social Ungdomshus en 2007, un joven fue golpeado hasta quedar inconsciente y al borde de la muerte, en una operación que dejó más de 600 detenidos y múltiples denuncias de torturas, incluyendo denegación de atención médica, según Antifascistisk Aktion (AFA-DK). En 2019, SOS Racisme y Rebel documentaron el caso de Ahmed, un solicitante de asilo iraquí en el centro de deportación Ellebæk. Fue atado a una silla con correas durante 6 horas, desnudo de cintura para abajo, con la cabeza cubierta y sin acceso a baño. Sufrió lesiones en muñecas y tobillos y daño psicológico severo.
AFA-DK y SOS Racisme también reportan omisiones en el centro de deportación de Ellebæk, donde en 2018 un solicitante de asilo somalí murió por deshidratación y golpes no tratados, clasificado como "suicidio" pero denunciado como tortura letal por omisión médica. Durante el desalojo de la comuna anarquista Freetown Christiania, en 2022, un activista fue golpeado en los testículos con una porra, arrastrado por el suelo y dejado inconsciente en una celda sin atención médica durante 8 horas; sufrió rotura testicular.
En Noruega, la revista marxista Revolusjon documentó la muerte en 2006 de Eugene Ejike Obiora, asfixiado por estrangulamiento policial durante un arresto; el caso fue archivado culpando parcialmente a la víctima, pese a evidencias de negligencia policial. Según otra investigación publicada por el medio de izquierdas Klassekampen y el colectivo antifascista Blokk For Frihet, en 2022, Ibrahim, un refugiado somalí en la prisión de Ullersmo, fue sometido a aislamiento total durante 41 días, desnudado, esposado a una pared y rociado con gas pimienta en la cara. Perdió 12 kg y desarrolló un trastorno de estrés post-traumático (TEPT).
Por otro lado, la plataforma anarquista Motmakt denunció que, en 2020, durante una deportación forzada, un joven afgano fue sedado contra su voluntad, atado con cinta americana en la boca y golpeado en el estómago para subirlo al avión, tras lo que sufrió hemorragia interna.
Persecución política
Además de todo lo anterior, históricamente, entre 1933 y 1990, la Policía noruega persiguió brutalmente a comunistas e izquierdistas de todo tipo con torturas y listas de vigilancia. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las estructuras policiales facilitaron las ejecuciones de las tropas de ocupación nazis. Esta información fue reconocida en varias ocasiones por los propios colaboradores nazis como Karl Marthinsen, jefe de Policía noruega bajo el régimen colaboracionista de Quisling, o Siegfried Fehmer, oficial de la Gestapo en Noruega.
En Finlandia, el colectivo anarquista A-ryhmä hizo público en 2023 que durante una protesta contra la OTAN en Helsinki, un activista fue arrastrado al suelo, golpeado en la cabeza con una porra y esposado con las manos a la espalda durante 4 horas, causándole una luxación en el hombro. Fue dejado sin atención médica y varios policías le orinaron encima.
Por su parte, el partido de izquierda moderada Vasemmistoliitto denunció en 2024 el uso de "violencia desproporcionada" contra manifestantes climáticos de Elokapina, con porras y denegación de agua y medicinas que dejó al menos cinco heridos graves, así como las "extracciones forzadas" en la prisión de Vantaa, donde un preso político kurdo fue sacado de la celda desnudo, golpeado y rociado con gas, dejando quemaduras químicas y fractura de costilla. Además, el partido menciona, en informes de 2024, al menos dos muertes en prisiones (Vantaa y Kerava) por aislamiento prolongado y gas pimienta no tratado, afectando a presos políticos kurdos; una de ellas, un hombre de 40 años en 2022, que murió por paro respiratorio después de haber sido rociado por los policías con distintos gases.
Racismo policial
En cuanto a los problemas de perfilamiento racial y discriminación étnica, la situación no dista mucho de otros cuerpos europeos: Suecia ha sido sometida a fuertes críticas por registrar ilegalmente a más de 4.000 romaníes en bases de datos policiales, una práctica que viola los derechos humanos fundamentales. La policía sueca también ha sido acusada de aplicar métodos violentos durante el programa REVA, destinado a la deportación de personas migrantes, donde se han denunciado agresiones, detenciones arbitrarias y violaciones a procedimientos legales básicos. Según una investigación de Harvard Political Review, jóvenes de minorías étnicas de todo el país describen como "acoso diario" los controles rutinarios a los que son sometidos, con insultos y cacheos selectivos, claramente dirigidos contra la población migrante o sus descendientes.
En Noruega, por ejemplo, se ha convertido en lo más habitual que los reclutas del Colegio Universitario de la Policía de Oslo, donde se forman la gran mayoría de policías del país, usen términos despectivos como "perros de presa" para referirse a personas migrantes. Finlandia muestra actitudes similares: un artículo publicado este junio por investigadores de la Universidad de Helsinki en la revista Policing and Society muestra que alrededor del 80% de las víctimas de discriminación racial no formalizan denuncia por desconfianza o temor al proceso.
Machismo uniformado
Los casos de violencia sexual y de su encubrimiento sistemático, al igual que los casos españoles y franceses destapados periodísticamente y poco investigados institucionalmente, dejan muy claro que no tienen ningún tipo de ética "superior" al resto de Policías del mundo: en Noruega, un escándalo de 2017 reveló 151 agresiones sexuales contra miembros de la etnia sami en Tysfjord, incluyendo a niños. Tras el escándalo, lejos de castigar a los agresores, más de 100 casos fueron declarados como prescritos, mientras que otros casos no confirmados fueron encubiertos por policías locales. Además, estudios recientes muestran un acoso sexual generalizado en la Policía noruega, con términos despectivos popularizados como "patrullas de tampones" usados entre los agentes contra sus propias compañeras.
En Suecia, que tiene una de las tasas de violaciones más altas del mundo (53,2 violaciones por cada 100.000 habitantes), Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que solo el 13% de denuncias han sido procesadas. También ha criticado en reiteradas ocasiones la opacidad total sobre los casos de agentes abusando de víctimas en custodia. Sin embargo, un estudio conjunto de AI y la BBC de 2023 reveló que el 49% de las oficiales suecas reportaron acoso sexual por parte de sus compañeros masculinos, con cifras muy similares en Dinamarca, con un 44% y en Finlandia, con otro 49%. Este machismo estructural se traduce muchas veces en violencia por negligencia y omisión: en Finlandia, encuestas de 2018 indican que el 25% de los agentes minimizan las denuncias de violencia machista como "asuntos privados", dejando impunes el 70% de los casos denunciados, que representan una ínfima parte del total.
"Suicidios"
Las condiciones carcelarias y el trato de los presos en los países nórdicos, que suelen ser vistos como modelos de sistemas penitenciarios "humanizados", revelan datos preocupantes que desmienten esta percepción romántica. En Noruega, por ejemplo, las tasas de suicidio en prisiones son alarmantes: entre 2011 y 2014, alcanzaron 180 por 100.000 reclusos, superando a regiones como Norteamérica, y el suicidio representa el 53% de las muertes en prisión. Estos "suicidios" a menudo se atribuyen a falta de supervisión, como en casos de intoxicación entre 1993 y 2012, donde 16 detenidos fallecieron sin recibir ningún tipo de atención.
Respecto al número de muertes directas provocadas por policías, solo Dinamarca publica algún tipo de dato al respecto, evidenciando la opacidad absoluta dentro de las Policías nórdicas. Los datos disponibles sobre Dinamarca muestran que, solo entre 2020 y 2022, 10 personas "murieron" en actuaciones o bajo custodia policial.
Sin embargo, cabe considerar todos estos datos como una estimación conservadora, ya que la opacidad imperante impide conocer el número real de casos y detallar cada dato correctamente. Además, las cifras oficiales no son fiables: en Noruega, un estudio publicado por el medio noruego Radio Latin-Amerika de 2022 mostró que el 25% de policías alteraron números de informes propios al menos una vez al año.
Vínculos con el fascismo
Al igual que con los casos mencionados hasta ahora, existe una gran relación de estas Policías para con sus respectivos partidos de ultraderecha y demás grupúsculos fascistas, como ocurre con cualquier fuerza represiva.
En Suecia, un estudio de 2018 de la Oficina Nacional de Investigación del Crimen (Brå) reveló que uno de cada cinco oficiales (20%) expresaban simpatía por el partido fascista de los Demócratas Suecos (SD), más que doblando el 8% de la población general. Encuestas internas de 2020, filtradas por Expo, mostraron que hasta el 25% de los agentes en las regiones de Skåne y Västra Götaland votaban por SD. En 2025, una denuncia interna anónima reveló que existían "grupos pro-SD" en Estocolmo influyendo en asignaciones para priorizar el control sobre barrios empobrecidos con gran tasa de migración bajo lemas como "acabar con la amenáza islámica".
En 2022, el lobby policial Polisförbundet hizo público que el 18% de sus agentes afiliados habían hecho alguna donación económica a SD, actuando como auténticos grupos de presión para exigir cambios legislativos que supusieran penas de prisión más duras para personas migrantes. AI reportó en 2023 unos 28 casos donde policías que simpatizaban con SD ignoraban deliberadamente crímenes de odio contra inmigrantes en barrios donde SD tenía muchos votos.
En Dinamarca, un informe elaborado por el Servicio de Seguridad e Inteligencia (PET) de 2022 expuso que el 18% de oficiales policiales simpatizaban con el ultraderechista DF. El lobby policial Politiforbundet registró donaciones económicas del 15% de su base a DF en 2020.
Más allá de los partidos institucionales, en estos países existen diferentes grupos fascistas. Uno de los más grandes y conocidos es el Nordic Resistance Movement (NRM), un grupo nazi, de ideología "pan-nórdica" y que fue designado como grupo "terrorista" por EE.UU en 2024. Este grupo no opera en el vacío: su base en Deje, una pequeña localidad sueca, coincide con la sede de Hammerskins, un grupo nazi estadounidense. En Gotemburgo, la ciudad de los atentados, hubo investigaciones sobre "tolerancia selectiva" policial hacia marchas neonazis en 2017, mientras que exmiembros del NRM condenados por poner bombas a centros de refugiados mantenían contactos directos con policías locales, según información publicada por Reuters.
En Noruega, aunque menos documentado, el NRM mantiene ramas activas con arrestos por complots e intención de hacer atentados en 2022, y lobbys como Politiets Fellesforbund han sido criticados por no actuar "correctamente" contra este grupo. En 2023, Radio Latin-Amerika demostró que durante años habían existido filtraciones policiales de esta organización policial hacia el NRM. Informes de 2023-2025 destacan que ex-policías o agentes frustrados se unieron a Sons of Odin (SoO) en Finlandia y su expansión a Noruega y Dinamarca, donde patrullas callejeras "protegían" de "intrusos islámicos", con una tolerancia policial implícita.
Un informe de Europol 2025 (EU TE-SAT) alerta de que que estas redes "sindicales" actúan como "escudos" para foros neonazis en el interior de la Policía, normalizando y reforzando sesgos que van desde memes hasta filtraciones directas a NRM o SoO. Estos vínculos no son casuales: grupos como NRM y SoO reclutan activamente en entornos policiales, explotando narrativas de "seguridad nacional" contra personas migrantes, una narrativa intrínsecamente vinculada a la función policial en sí. Entre 2024 y 2025, con la agudización del auge reaccionario, denunciantes anónimos han expuesto cómo estos "sindicatos" bloquean investigaciones internas, priorizando la "cohesión" interna del cuerpo.
Fuentes
Säpo informes anuales (2023-2025),
Expo.se (filtraciones y foros 2024)
Counter Extremism Project (NRM profile)
PET Denmark (2022-2024)
Nordic Cooperation (informe nórdico 2023)
Policing and Society (revista, universidad Helsinki)
Europol TE-SAT 2025
The Guardian (far-right recruitment 2025)
Amnistía Internacional
Hope Not Hate
VoxEurop (2024)
Penal Reform International (2025)
ResearchGate (2024)
Harvard Politics Review (2019)
Oxford Journals
Pub Norden
Rupture (2023)
Migration Policy Institute
Reuters
Civil Rights Defenders
ND-Aktuell
Allt åt Alla
Modkraft
Antifascistisk Aktion (AFA-DK)
Revolusjon
SOS Racisme
Rebel (Revolutionære Unge Socialister)
Motmakt.net ("Deportasjon som tortur", 2021)
Klassekampen (2022)
Blokk For Frihet
A-ryhmä (2023)
Vasemmistoliitto (2024)
