Encapuchados gasean a un grupo de menores migrantes frente al centro de acogida de Hortaleza
Menores de 14 a 16 años tuvieron que recibir atención médica urgente. Educadores alertan de un patrón contra el centro tras otra paliza a menores en septiembre.
En la tarde del viernes 14 de noviembre, alrededor de las 20:15 horas, tres menores extranjeros no acompañados, de entre 14 y 16 años, sufrieron un ataque con gas pimienta a las puertas del centro juvenil municipal QuedaT, en la calle Mar Amarillo del distrito madrileño de Hortaleza. Según el testimonio de los educadores del centro de primera acogida, un coche negro se detuvo brevemente frente a la entrada, y un individuo encapuchado descendió para rociar el gas pimienta directamente a la cara de los adolescentes, que esperaban para entrar al centro. El agresor huyó inmediatamente, dejando a las víctimas con intensa irritación ocular y respiratoria. Sanitarios del SAMUR tuvieron que intervenir rápidamente con lavados oculares y demás asistencia.
Este asalto no surge en el vacío, sino en un contexto de hostilidad acumulada alrededor del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, un recurso gestionado por la Comunidad de Madrid para menores no acompañados que ha sido blanco de ataques recurrentes. Solo en septiembre, tres internos fueron golpeados en una brutal paliza por dos encapuchados armados con un palo en las inmediaciones del mismo recinto. Más recientemente, en octubre, se produjo un motín en el centro, lo que avivó narrativas racistas en redes y medios sobre la "sobrecarga" del sistema de acogida.
Críticos como la Asociación de Trabajadores Sociales de Madrid argumentan que estos eventos son síntomas de una política de integración fallida, donde la falta de recursos educativos y psicológicos para los menores se combina con un discurso público que los estigmatiza como "problema" en lugar de víctimas de conflictos globales, fomentando así actos de xenofobia que escalan de verbal a física, con total impunidad.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid, bajo José Luis Martínez-Almeida, ha emitido declaraciones genéricas sobre "tolerancia cero" a la violencia, pero sin anunciar medidas concretas. Organizaciones como Save the Children y Amnistía Internacional han condenado el ataque como un "ataque racista directo" contra niños en protección estatal, recordando que el Estado español, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de salvaguardar a estos menores más allá de su origen.
