Telefónica ha notificado este lunes a los sindicatos su intención de activar un expediente de regulación de empleo (ERE) simultáneo en siete de sus principales filiales en el Estado español, Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+, un movimiento que podría afectar inicialmente a entre 6.000 y 7.000 trabajadores de una plantilla total de unos 25.000 empleados en el Estado. Todo ello, a pesar de las ganancias que están obteniendo sus accionistas.

La compañía, presidida por Marc Murtra desde la entrada de SEPI con un 10% del capital, alega "causas objetivas" como la necesidad de recortes para ahorrar 3.000 millones de euros hasta 2030, según su plan estratégico presentado el 4 de noviembre. Aunque la cifra exacta se concretará en las reuniones del 24 y 25 de noviembre, cuando se constituyan las mesas negociadoras, esta iniciativa marca el noveno ajuste laboral en 25 años, con más de 45.000 salidas acumuladas.

Los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y Sumados-Fetico, han recibido la noticia insistiendo en que el proceso sea "preferentemente voluntario", "universal y no discriminatorio", con "condiciones económicas al menos equiparables a las del ERE de 2024", que costó 1.300 millones de euros para 3.420 salidas incentivadas a partir de los 55 años. Fuentes sindicales destacan que el grueso de los recortes recaerá en las tres sociedades del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), donde se concentra la mayor masa laboral.

El Gobierno, a través del ministro de Transformación Digital Óscar López, ha respaldado el proceso al afirmar que "lo que ocurra tiene que ser con acuerdo de los sindicatos". Críticos internos y analistas advierten que este ERE perpetúa un ciclo de inestabilidad que ha reducido la plantilla en un 40% desde 2010.