Condenan a un traficante de marihuana protegido por un guardia civil a cambio de droga
José Luis Fernández Sirven ofrecía cobertura a una banda que movía al menos 12 kilos de marihuana y llegó a falsificar documentos oficiales en la provincia de Zaragoza.
José Luis Fernández Sirven, guardia civil destinado en Caspe (Zaragoza) en 2019, fue condenado hace un año y medio en la Audiencia Provincial de Zaragoza a cuatro años y seis meses de prisión por colaborar con una red de traficantes de marihuana a cambio de recibir droga. La noticia ha recobrado actualidad tras la extradición y comparecencia por videoconferencia de uno de los subordinados de la banda, que aceptó tres años y seis meses de prisión y una multa de 140.000 euros, igualando la pena de sus compañeros. Además, la Fiscalía absolvió al progenitor de este subordinado al considerar que no formaba parte de la organización criminal.
La acción del guardia civil favoreció la una banda local compuesta por un jefe y dos subordinados suyos, quienes pudieron mover al menos 12 kilos de marihuana sin riesgo de detención gracias a la protección del agente.
La investigación, que comenzó tras denuncias sobre la venta de marihuana en la primera mitad de 2019, incluyó registros en viviendas de Alcañiz y Caspe, así como la intervención de droga en un peaje de la AP-68. La Fiscalía documentó cómo Fernández informaba a los traficantes sobre operaciones policiales inminentes y les permitía continuar su actividad sin riesgo, recibiendo la sustancia como pago por su complicidad.
Avisos y documentos falsificados
Además, el agente llegó a falsificar un documento oficial usando los ordenadores y el sello del cuartel para que los traficantes justificaran ante sus proveedores la pérdida de diez kilos de marihuana, evitando así pagar el importe de la droga.
Otro "caso aislado"
Estos "casos aislados", como suelen decir las autoridades, dejan entrever algunos de los mecanismos de corrupción más habituales dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde los funcionarios se convierten a menudo en parte activa de las "redes criminales" que dicen combatir.
El caso también expone la "ceguera" interna estructural que caracteriza a los cuerpos policiales ante casos de colusión entre la Policía y el "crimen organizado": un agente fue capaz de facilitar la distribución de drogas, manipular documentación oficial y eludir controles sin que, aparentemente, nadie de la institución lo detectara hasta su detención. No se ha aclarado si el guardia civil condenado tenía más cómplices en el cuerpo.
