Un grupo de agentes de la comandancia de Bizkaia de la Guardia Civil detuvo el domingo en el Puerto de Bilbo a un compañero suyo con dos décadas de servicio, sorprendiéndolo mientras transportaba 120 kilos de cocaína en un coche patrulla oficial. El arrestado, un agente veterano destinado en el área de Fiscal y Fronteras, llevaba años trabajando en la unidad responsable de "garantizar la seguridad en las aduanas y pasos fronterizos". Es decir, ocupaba una posición con acceso estratégico a mercancías, información privilegiada y contacto institucional, un entorno donde la supervisión suele ser débil y los mecanismos de control interno apenas actúan.

La propia Guardia Civil reconoce que investigaba al agente desde hacía tiempo. Con autorización judicial, intervino sus comunicaciones, siguió sus movimientos y documentó su actividad hasta que pudieron comprobar que había introducido el coche oficial en la zona portuaria para recoger la droga con total normalidad, amparado por su condición de autoridad. No han precisado cuánto tiempo llevaba realizando esta actividad. Según varias fuentes citadas por El Correo, primero habría colaborado con algún grupo organizado dedicado al tráfico internacional, transportando pequeñas cantidades, hasta que la impunidad progresiva le permitió mover cargamentos mayores.

Tras el arresto, los investigadores registraron su vivienda en Castro Urdiales (Cantabria), donde convivía con su familia y mantenía una vida aparentemente normal. Sin embargo, la combinación de acceso institucional, confianza jerárquica y falta de controles efectivos creó un escenario perfecto para que una infraestructura pública supuestamente destinada a "combatir el narcotráfico" terminó funcionando como servicio de quienes lo organizan.

El caso ha generado conmoción entre los cuerpos policiales, que han mostrado su "asombro" habitual. Sin embargo, el hecho es que, una vez más, se ha demostrado que el aparato estatal ha funcionado como plataforma logística para que un agente con veinte años de servicio a sus espaldas y los recursos públicos —vehículos, instalaciones, credenciales— se convirtieran en medios perfectos para reforzar el negocio del capital narco. La detención sugiere una responsabilidad que no se limita al individuo: durante años, superiores, mandos intermedios y sistemas de control interno "no detectaron" esta actividad, mientras el agente se movía con una libertad incompatible con cualquier vigilancia efectiva.