División interna en el Gobierno alemán por la reforma de las pensiones
Las juventudes de la CDU se rebelan y amenazan con echar atrás la norma que prevé aumentar la edad de retiro, planes de pensiones desde la infancia y mayor privatización.
La coalición alemana CDU/CSU-SPD atraviesa su primera crisis seria a pocos días de la votación del paquete de pensiones, después de que la Junge Union (JU), la organización juvenil de los conservadores, decidiera en su congreso de Rust (Baden-Wurtemberg) rechazar por unanimidad el proyecto de ley que mantiene el nivel de las pensiones públicas en el 48% del salario medio hasta 2031. Según Deutsche Welle, las juventudes argumentan que el acuerdo de coalición de abril se limitaba a esa fecha y que extender la garantía sin un plan claro para después "genera incertidumbre y costes adicionales".
El malestar interno se basa en la ausencia de cualquier compromiso sobre lo que ocurrirá a partir de 2032: los críticos juveniles consideran que aprobar ahora una congelación sin horizonte definido equivale a "aceptar un cheque en blanco que cargará sobre las generaciones activas". Con 18 diputados de menos de 40 años en las filas conservadoras, su voto coordinado bastaría para romper la estrecha mayoría de 12 escaños con la que cuenta el Gobierno Merz. El canciller, que acudió personalmente al congreso de Rust, pidió a los jóvenes “participar de forma constructiva” y “no limitarse a señalar problemas”, pero no logró calmar los ánimos.
El SPD, por su parte, mantiene la línea de que el texto supone "un avance histórico" y no admite cambios, mientras Merz ha planteado la posibilidad de añadir un protocolo complementario que mencione "la necesidad de revisar el sistema" después de 2031, una fórmula que los jóvenes conservadores consideran "insuficiente" y "sin valor vinculante".
Lo que los titulares esconden
Además del compromiso de mantener el nivel de pensiones en el 48% del salario medio hasta 2031, la reforma incluye otras medidas relevantes:
Una de las medidas es la creación de un fondo de capitalización multimillonario que transferirá parte del dinero público a la inversión en mercados financieros privados. Esta medida supone una privatización encubierta del sistema público de pensiones, exponiendo los ahorros de los futuros jubilados a la volatilidad e imprevisibilidad del mercado bursátil. Además, experiencias previas en la propia Alemania y otros países muestran que estos fondos suelen generar bajas rentabilidades y altos costes administrativos, lo que puede traducirse en pensiones insuficientes y mayor inseguridad económica para la mayoría de la población.
"Jubilación activa"
Otra medida es la promoción de la "jubilación activa", que obliga de facto a las personas a prolongar su vida laboral más allá de la edad de retiro para recibir una pensión "mínimamente suficiente". Aunque se presente como una opción "voluntaria", para muchos trabajadores en condiciones precarias o de alta exigencia física, esta medida significa un retraso forzado en el acceso a la jubilación completa, aumentando la desigualdad y el desgaste laboral en los sectores más vulnerables de la clase obrera. La reforma contempla un retraso gradual de la edad de jubilación hasta los 69 años. Actualmente la edad oficial se sitúa en 66 años y las autoridades prevén subirlas a 67 en 2031, extendiéndose progresivamente hasta los 69.
"Planes de ahorro desde la infancia"
En paralelo, el CDU y el SPD quieren incentivar los llamados planes bursátiles de ahorro desde la infancia con aportaciones estatales de 10 euros mensuales para menores entre 6 y 18 años. Esta forma de mercantilizar la jubilación desplaza la seguridad social hacia productos financieros, extendiéndolo hasta los niños, con riesgos elevados para las familias con menores recursos que no tengan acceso o asesoría para manejar estas inversiones, además de inculcar desde la edad de 6 años la idea de la "necesidad" de tener un fondo de pensiones privado.
