El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada (Andalucía) ha condenado al fin al conocido subinspector maltratador de la Policía Local a dos años y ocho meses de prisión violencia física y psicológica sistemática contra su expareja, así como por causarle un menoscabo psíquico acreditado, según recoge la sentencia fechada el 14 de noviembre y difundida por Europa Press.

El tribunal considera probado que, desde 2017, el policía insultó, vejó y menosprecio a la víctima, bajo un clima permanente de hostilidad. La pena incluye también tres años de inhabilitación para la tenencia y porte de armas, una orden de alejamiento de 500 metros y otra prohibición adicional de aproximación, aunque tan solo durante un año y ocho meses.

El fallo incorpora otro hecho reseñable: en 2023 fue hallado un dispositivo electrónico con copia del teléfono móvil de la víctima, listados de llamadas, correos profesionales y carpetas de fotografías, al más puro estilo policial. Sin embargo, el juzgado considera que "no quedó acreditado quién introdujo esa información", integrándose simplemente como "contexto de la situación de vigilancia y control", en general. Eso sí, el agente maltratador ha sido absuelto del resto de delitos inicialmente imputados, incluidos los relativos a descubrimiento y revelación de secretos, por los que la Fiscalía llegó a reclamar casi siete años de prisión.

La condena llega tras un largo y doloroso proceso para la víctima, con reiterados incumplimientos de las medidas de protección por parte del subinspector maltratador, algunos de los cuales han sido reportados en prensa recientemente. Según la Guardia Civil y fuentes judiciales consultadas por el Ideal, el agente maltratador ya había sido detenido previamente por quebrantar la orden de alejamiento, la más reciente era una detención al término de una vista celebrada a puerta cerrada el pasado octubre. RTVE informó de otra detención en mayo de 2025 por desconexiones del brazalete telemático, mientras la víctima denunciaba reiteradas llamadas no atendidas. El subinspector maltratador afirmó que las desconexiones “se debieron a fallos técnicos”, mientras el juzgado encargó un "informe técnico" al grupo Cometa para "aclarar los hechos".

Al menos 48 accesos irregulares al sistema VioGén

Otro de los aspectos más graves del caso, que sigue siendo investigado, es el del llamado caso VioGén, instruido por el Juzgado número 4. Analizan accesos no autorizados al expediente de la víctima en el sistema de seguimiento de mujeres en riesgo, donde se sospecha que el subinspector maltratador y sus compañeros habrían accedido para extraer datos de la mujer. Según las pesquisas citadas por elDiario.es, varios agentes consultaron los datos de la víctima y sus hijas hasta en 48 ocasiones. La denuncia que originó esta investigación partió de la propia víctima, que relataba que el acusado conocía todos sus movimientos. Las actuaciones involucran también al entonces jefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, citado a declarar.

De la patrulla a la cárcel

La Asamblea de la Juventud Trabajadora de Granada denunció públicamente este caso, haciendo hincapié en el hecho de que el Ayuntamiento de Granada mantuviera al subinspector maltratador en puestos de responsabilidad tras las múltiples alertas sobre accesos irregulares, quebrantamientos de protección e historial previo de maltrato, hasta que ha sido finalmente condenado a prisión y no les ha quedado otra opción que cesarlo.

Parte de todo un cuerpo policial investigado

Sin embargo, parece ser que el caso de violencia machista del subinspector maltratador es tan solo la punta del iceberg de la corrupción endémica en la Policía Local de Granada. En estos momentos, el Juzgado de Instrucción nº4 mantiene abiertas unas diligencias que alcanzan a 43 personas investigadas por una presunta trama para amañar oposiciones de Policía Local en Granada, Albolote y Algarinejo entre 2019 y 2022.

La investigación sostiene que existía “un grupo organizado dedicado a facilitar las preguntas de los exámenes” a hijos, familiares y allegados de mandos policiales; entre los imputados figura el exsuperintendente jefe José Manuel Jiménez Avilés, que dimitió tras destaparse el caso. Las pesquisas, basadas en documentación intervenida, conversaciones grabadas y la declaración de un testigo protegido, alcanzan a mandos, subinspectores, miembros de tribunales, funcionarios municipales y a 23 personas beneficiadas por el presunto fraude. Se investigan delitos de cohecho, grupo criminal, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad documental.