García Ortiz dimite antes de que entre en vigor su inhabilitación
El fiscal general pide su cese a Moncloa tras el fallo del Supremo que lo condena por revelación de secretos; Sánchez prepara el relevo.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado su cese al Gobierno español, después de que el Tribunal Supremo ratificara el pasado jueves su condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, además de imponerle una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En una carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso El País, García Ortiz afirma que se trata de “un acto debido” y asegura tener “el convencimiento de haber servido fielmente a la institución”.
García Ortiz explica que adelanta su salida antes de que la sentencia sea ejecutada y “sin esperar siquiera a conocer la motivación”, alegando “profundo respeto” a las resoluciones judiciales y su voluntad de “proteger a la Fiscalía española”. El cese se hará efectivo cuando el Consejo de Ministros lo apruebe y se publique en el BOE. Hasta entonces, las funciones recaen temporalmente en la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal que pidió la absolución del fiscal general durante el juicio, según informa El País.
Moncloa debe ahora designar a un nuevo fiscal general, el cuarto desde 2018. Pedro Sánchez aseguró este domingo que el relevo ya está en marcha y que se tratará de una figura “con dilatada experiencia” y “perfil fuerte”. El presidente mostró su desacuerdo con el fallo judicial e indicó que “otras instancias”, como el Tribunal Constitucional o la justicia europea, “puedan dirimir aspectos de esta sentencia que puedan ser controvertidos”.
García Ortiz ha defendido su inocencia durante todo el proceso y negó en el juicio haber filtrado el correo electrónico que centró la investigación: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, declaraba. Contra la sentencia del Supremo no cabe recurso ordinario, solo un incidente de nulidad con escasas posibilidades de éxito, recuerda El País; una vez agotado este trámite, podría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si considera vulnerados sus derechos fundamentales.
