La gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza, Aragón) inició este miércoles su construcción menos de un año después de anunciarse el proyecto, atravesando un proceso acelerado por la “tramitación exprés” del Gobierno de Aragón mediante la figura del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). La medida, aprobada definitivamente el 12 de noviembre por el Consejo de Gobierno, ha adelantado al máximo los procesos burocráticos y exime del pago del ICIO a los ayuntamientos. Una operación que, según los hechos descritos en la documentación pública del PIGA citada por elDiario.es y la cronología oficial, ha estado acompañada de un fuerte secretismo sobre las negociaciones entre instituciones y empresas.

El proyecto de construcción de la mayor fábrica de baterías del Estado español se apoya también en financiación pública: Stellantis ha recibido casi 300 millones de euros a través de convocatorias del Perte VEC para la "reconversión industrial", y no ha sido la única subvención que ha recibido.

La primera controversia surgió al confirmarse que la plantilla destinada a construir la factoría —hasta 2.000 trabajadores en rotación— será de origen chino, lo que obliga a levantar alojamientos específicos para estos trabajadores. El retraso en su llegada fue reconocido por la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, quien señaló que “podemos cifrarla en 2026”. La contratación y selección de trabajadores se realizará desde China, mientras que la tramitación documental se hará “en bloque y apalabrado en origen”, según explicó el propio Gobierno aragonés.

Las dudas aumentaron cuando Heraldo de Aragón reveló que la construcción de parte de la planta tampoco se quedará en empresas locales: los cimientos y dos naves enteras —valoradas en unos 33 millones de euros— serán construidos por trabajadores de la compañía rumana Synergy Construct, ya utilizada por CATL en su fábrica de baterías en Febrecen (Hungría), dato que consta en la web de la propia empresa. Por otro lado, la aragonesa Consolis-Tecnyconta asumirá la estructura y tres edificios auxiliares. El PIGA publicado este lunes cifra en 42,4 millones el coste de la nave principal asignada a Synergy, que deberá construirse en nueve meses sobre más de 15 hectáreas.

El contexto europeo añade aún más atención sobre la instalación: el comisario comunitario de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, advirtió que “no está bien emplear componentes chinos y personal chino” para inversiones en la Unión Europea. Con plazos ajustados, los promotores anticipan que la planta de batarías alcanzará el 30% de capacidad en 2028 y que la producción inicial de baterías arrancará el próximo año, mientras la segunda fase está prevista para 2029 y la operativa completa para 2030.