El Parlament aprueba por vía rápida reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
CSIF, CCOO y UGT lo ven "insuficiente" y reclaman que se autorice a los funcionarios utilizar material antidisturbios. 2024 registró un total de 312 quejas por malos tratos físicos o psicológicos en prisiones catalanas, un 38% más que en 2022.
El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la tramitación por lectura única de una proposición de ley impulsada por el PSC que reconoce a los funcionarios y directivos de los centros penitenciarios como agentes de la autoridad, una medida que busca equipararlos jurídicamente a otros cuerpos represivos como los Mossos d'Esquadra. La iniciativa, que incluye el compromiso de la Generalitat para "indemnizar lesiones y daños sufridos en el ejercicio de sus funciones", ha contado con el respaldo de Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana, sumando 104 votos a favor frente a 29 en contra de ERC, Comuns y la CUP.
La medida agrava las penas por atentado contra la autoridad y otorga presunción de veracidad a los testimonios de los funcionarios. Todo ello sigue siendo poco para los sindicatos mayoritarios, como CSIF, UGT y CCOO, que apoyan el reconocimiento pero lo tachan de "insuficiente": insisten en "reforzar plantillas, mejorar evaluaciones de internos de alto riesgo y autorizar herramientas como aerosoles antidisturbios o medicación diluida".
La reforma llega además en un momento en que la brutalidad penitenciaria en Catalunya no solo no remite, sino que se ha disparado según los propios datos oficiales: el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura registró en 2024 un total de 312 quejas por malos tratos físicos o psicológicos en prisiones catalanas (un 38% más que en 2022); Irídia documentó 46 casos de lesiones compatibles con golpes deliberados (fracturas de costillas, traumatismos craneoencefálicos y luxaciones) que los servicios médicos atribuyeron sistemáticamente a "autolesiones" o "caídas accidentales"; y el Síndic de Greuges recibió 19 denuncias por uso indebido de inmovilizaciones mecánicas prolongadas (hasta 28 horas seguidas con esposas y grilletes) en módulos de aislamiento.
Lejos de abrir una investigación independiente o dar formación en derechos humanos, el Parlament responde otorgando a los mismos funcionarios la presunción de veracidad absoluta y blindaje penal, una combinación que, según el relator especial de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer, en su informe de 2023 sobre el Estado español, “crea las condiciones perfectas para la impunidad estructural y el aumento de la violencia institucional dentro de los centros de privación de libertad”.
