En el pleno del Parlament balear del 9 de diciembre, la diputada de Vox Patricia de las Heras desvió una pregunta rutinaria de control al Govern para lanzar una defensa vehemente del uso de armas de fuego por parte de la policía local "ante agresiones con arma blanca". Bajo el pretexto de "proteger" a los agentes, De las Heras espetó que deben "disparar y hacerlo con toda la pericia" contra "un desalmado, un desquiciado o un practicante de la religión de la paz", una alusión velada y cargada de racismo e islamofobia. 

La intervención de De las Heras, que nada tenía que ver con la pregunta original sobre el cumplimiento de leyes parlamentarias, se centró en criticar al Govern y al PP por, supuestamente, "recortar recursos para la seguridad". Acusó al Ejecutivo de reducir las prácticas anuales de tiro de cuatro a dos, y de priorizar "presiones económicas" de alcaldes que se quejan del "coste de las balas". Sin embargo,  la modificación del Reglamento de Coordinación de las Policías Locales, introducida en la ley de simplificación administrativa, mantiene el armamento "básico", incluyendo pistola, bastón extensible y gases. 

De las Heras repitió la agenda nacional de Vox para endurecer respuestas policiales, y avivar miedos sociales en contra de los migrantes, especialmente en un contexto donde las estadísticas de las Illes Balears muestran un descenso en delitos violentos pese al aumento migratorio. En paralelo, la portavoz de Vox Manuela Cañadas amplificó el tono alarmista en su propia pregunta, describiendo los barrios de las islas como "guetos sin ley" y vinculando la "inseguridad" a la "inmigración ilegal", para luego sugerir movilizar policías locales o contratar seguridad privada "si faltan efectivos estatales".