El Ayuntamiento de Girona aprueba por unanimidad un tercer desahucio de una familia vulnerable
El consistorio, liderado por la CUP, defiende las medidas por "incumplimientos". El Sindicat d'Habitatge de Girona alerta de una ola de expulsiones sin alternativas de familias vulnerables con menores.
En medio de la grave emergencia habitacional que azota Catalunya, el Ayuntamiento de Girona, gobernado por Guanyem Girona, coalición liderada por la CUP, ha generado una fuerte controversia al aprobar, con el consenso de todos los grupos políticos municipales, el inicio de procedimientos de desahucio contra tres familias vulnerables que incluyen menores a su cargo y que residen en viviendas públicas.
El caso más emblemático es el de la familia Nouama, una madre con dos hijas menores que reside en un piso de protección oficial en el barrio de Can Gibert. Según señala el Sindicat d'Habitatge de Girona, el consistorio inició un proceso "pleno de mentiras y difamaciones" contra la familia y el propio sindicato. En julio pasado, el Sindicat logró paralizar temporalmente un primer intento de desahucio, pero no el procedimiento judicial, lo que, según denuncian, ha abierto la puerta a más acciones contra inquilinos de vivienda pública del municipio.
La familia de Nouama, que paga un alquiler social de alrededor de 200 euros mensuales, dejó de abonar la renta hace años tras perder el empleo la madre, quien tiene tres hijas a cargo. El Ayuntamiento justifica la medida alegando "impagos prolongados, empadronamientos irregulares" y un supuesto "fraude en el alquiler social". La regidora de Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, ha defendido que se trata de un "caso flagrante de fraude" y que la actuación busca "liberar la vivienda para personas que realmente la necesiten", insistiendo en que el consistorio "defiende el derecho a la vivienda pero requiere cumplimiento de las normas".
Sin embargo, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona desmiente estas acusaciones con un informe jurídico que contradice la versión municipal. Según portavoces como Fàtima Aatar y Aniol Negre, la familia solicitó en repetidas ocasiones una rebaja del alquiler sin respuesta, y los empadronamientos adicionales fueron temporales para acoger casos de extrema vulnerabilidad en colaboración con entidades locales. Además, critican que no se haya ofrecido ninguna alternativa habitacional, dejando a las familias en riesgo de quedarse en la calle.
A este caso se suman el de Nora y su familia, y una tercera familia con menores que recientemente se ha organizado con el Sindicat. Hace una semana, miembros del sindicato se unieron al AMPA de la Escola Montjuïc para denunciar públicamente la situación. Las movilizaciones han incluido concentraciones y denuncias en redes sociales, donde se acusa al gobierno municipal de criminalizar la pobreza y de integrar políticas represivas, incluso aliándose con fuerzas de derechas en cambios legislativos que facilitan desahucios.
Esta decisión se toma en un contexto donde Girona registra récords en precios de alquiler y una alta ratio de desahucios, pese a tener un 30% de viviendas infrautilizadas. El Sindicat alerta de que estos procesos podrían multiplicarse, agravando la crisis habitacional en una ciudad donde el acceso a la vivienda es cada vez más difícil. Organizaciones como el Sindicat d'Habitatge llaman a la solidaridad de clase y a presionar por soluciones reales. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene que actúa con "responsabilidad para gestionar recursos limitados". La tensión crece, y se esperan nuevas movilizaciones para evitar que estas tres familias terminen en la calle sin alternativas.
