Amama denuncia que las mujeres víctimas de los cribados son más de 300
La asociación acusa al Gobierno andaluz de manipular historias clínicas y negligencia sanitaria sistemática. Datos oficiales hablan de 30 víctimas.
El escándalo sanitario que sacude a Andalucía sigue creciendo. La asociación Amama ha confirmado que 306 mujeres desarrollaron cáncer de mama sin haber sido informadas a tiempo de los resultados dudosos de sus mamografías entre 2021 y 2024, más allá de la treintena confirmada por la Junta tras el estallido del caso. Según explicó su presidenta, Ángela Claverol, en la Cadena SER, decenas de pacientes conocieron su diagnóstico meses o incluso años después, cuando la enfermedad ya estaba avanzada.
El abogado de la asociación, Manuel Jiménez, anunció que han presentado 50 reclamaciones patrimoniales individuales contra la Junta de Andalucía, otras 50 están en trámite y 150 más se presentarán a comienzos de 2026. En total, 250 demandas buscan responsabilizar al Gobierno autonómico por negligencia médica y mala praxis administrativa.
La Fiscalía archivó una denuncia anterior de Amama por posibles delitos informáticos tras la modificación de historias clínicas, pero el abogado sostiene que el propio decreto de archivo reconocía indicios de otro tipo de hechos ilícitos. “No fue un error técnico. Se manipularon los historiales para proteger la imagen de la Administración”, aseguró en la entrevista.
El caso pone en cuestión la gestión sanitaria del Ejecutivo andaluz y la eficacia de los protocolos de cribado oncológico. Varias afectadas denuncian que la Junta no solo tardó en comunicar las anomalías, sino que alteró accesos a las historias clínicas tras la ola de denuncias. La Consejería de Salud insiste en que “no hubo ocultación intencionada” y habla de “problemas de comunicación y carga de trabajo”.
Pero para decenas de familias, la explicación llega tarde. “Si nos hubieran avisado cuando debían, muchas seguirían vivas”, declaró una de las víctimas ante los micrófonos. Amama pide una comisión parlamentaria que esclarezca el papel de los responsables de salud pública y que se revise todo el sistema de detección temprana de cáncer en la comunidad.
