El Gobierno español y EH Bildu acuerdan la prórroga del "escudo social"
La "prohibición de desahucios a personas vulnerables" contrasta con el desalojo de 400 personas en extrema vulnerabilidad en Badalona. Solo 2025 suma más de 20.000 desahucios.
El nuevo acuerdo entre el Gobierno español y EH Bildu sobre la prórroga del llamado “escudo social” en materia de vivienda se ha anunciado como "un paso histórico para blindar a las familias vulnerables frente a los desahucios". El llamado "escudo" habla de “prohibición” y “protección”, pero los hechos recientes demuestran que ese escudo es, en buena medida, un decorado jurídico que no frena los desalojos masivos ni la violencia estructural del mercado inmobiliario. El caso del macrodesahucio del B9 en Badalona, donde más de 400 personas en situación extrema han sido expulsadas de un edificio sin ninguna una alternativa habitacional, pone en evidencia que no existe tal "prohibición", más allá de mensajes triunfalistas.
El acuerdo reitera fórmulas ya conocidas: suspensión de lanzamientos "en determinados supuestos", condicionadas a informes de vulnerabilidad, interlocución con servicios sociales y, en teoría, obligación de ofrecer alternativas. Sobre el papel suena garantista; en la práctica, quienes se enfrentan al desalojo se topan con un laberinto burocrático de requisitos, plazos imposibles y distintas administraciones mientras los desahucios siguen dándose. El B9 es un ejemplo extremo pero paradigmático: un dispositivo conjunto de Guardia Urbana, Mossos y Policía Nacional ejecuta un desalojo masivo mientras el “escudo social” sigue vigente, lo que revela que la norma no protege a personas en infraviviendas o en situaciones irregulares, que son, precisamente, las más vulnerables.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de 2025 se ejecutaron 7.334 desahucios judiciales en el Estado español, de los cuales 5.644 correspondieron a impago de alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (+3,7% interanual) y 1.189 a ejecuciones hipotecarias.
En el segundo trimestre de 2025, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ejecutaron 6.960 desahucios judiciales, lo que equivale a aproximadamente 76 al día o unos 2.320 mensuales, pese a la vigencia del "escudo social". La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha alertado de una media de 112 desahucios diarios en ese periodo. Con datos disponibles hasta el tercer trimestre de 2025 (primer trimestre: 7.334; segundo: 6.960; tercero: 5.053), el total acumulado supera los 20.000 desahucios ejecutados, y la proyección realista para todo el año ronda los 28.000, aunque no se dispone aún de cifras completas anuales definitivas.
