Un acuerdo temporal permite a Albiol expulsar de Badalona a los vecinos del B9
La Generalitat ofrece a los residentes alojamiento por dos meses fuera de la ciudad, mientras el Sindicat d’Habitatge Socialista denuncia una “solución cosmética” y la responsabilidad de PP y PSC.
Aunque el pacto supone un alivio temporal a la grave situación de emergencia habitacional, el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya ha valorado como “insuficiente” y “sin garantías reales” el acuerdo alcanzado hoy entre la Generalitat de Catalunya y las residentes del edificio B9 de Badalona, donde vivían más de 400 personas.
La organización subraya que este acuerdo solo ha sido posible por la intensa presión ejercida durante los últimos meses por el propio Sindicat, la Organització Juvenil Socialista y otros colectivos que se han implicado en la defensa del B9. Según remarcan, de no haber existido esta movilización, el alcalde Xavier García Albiol habría llevado a cabo el desalojo sin oposición ni respuesta institucional, dejando a cientos de personas sin techo y fuera del foco mediático.
El Sindicat, que ha liderado en los últimos meses la movilización y defensa de los residentes del B9, considera que el acuerdo “no es una victoria, sino un alivio momentáneo fruto de la presión popular”. La Generalitat se compromete a ofrecer alojamiento temporal durante solo dos meses a las personas desalojadas del albergue de Can Bofí Vell y del campamento improvisado bajo el puente de la C-31. Estas serán reubicadas en distintos municipios catalanes, pero no en Badalona.
Por su parte, la portavoz del sindicato, Emma Puig, ha criticado duramente tanto al PP como al PSC: “El PSC de Salvador Illa es tan responsable como el PP de Albiol. Fueron ellos quienes mandaron 40 furgones de la BRIMO a desalojar sin alternativa a 400 personas, en coordinación con la Policía Nacional, que terminó enviando a 15 vecinos al CIE.”
Puig subraya que en Badalona existen más de 7.000 pisos vacíos, suficientes para acoger hasta 19 veces la población desalojada del B9, además de miles de viviendas destinadas al turismo. “El problema del B9, añade, es la consecuencia directa de que la vivienda sea un negocio antes que un derecho, un consenso compartido por todo el arco parlamentario catalán.”
El Sindicat lamenta que el supuesto acuerdo “sirva solo para rebajar la tensión mediática y aplicar medidas cosméticas que no cambian la raíz del problema”. A su juicio, este caso “refleja el avance del auge reaccionario que implica a distintas fuerzas parlamentarias y a ciertos medios de comunicación, con la clase trabajadora migrante como principal objetivo”.
