El BOA desmiente a Azcón: los tres centros de datos de Forestalia no crearán 3.000 puestos directos
La mentira servía para justificar la Declaración de Interés Autonómico, dependiente del número de empleos directos.
En noviembre, Jorge Azcón convirtió la presentación de los centros de datos de Forestalia en Botorrita, Alfamén y Magallón en un acto de autopromoción política. Desde el atril, rodeado de cámaras y bajo la atenta mirada del empresario Fernando Samper, el presidente aragonés aseguró que la ‘nube’ de Forestalia generaría “más de 3.000 puestos de trabajo directos” en su fase de explotación. Lo hizo con solemnidad y remitiéndose incluso a un viaje a Virginia para reforzar la credibilidad de sus palabras. Pero esa cifra, como ha destapado AraInfo a partir del Boletín Oficial de Aragón (BOA), simplemente no es cierta.
La Declaración de Interés Autonómico (DIA) publicada el 2 de diciembre revela que esos 3.000 empleos no son directos, sino el resultado de una ratio propia de Forestalia que mezcla empleos directos, indirectos e inducidos calculados en función de megavatios de potencia IT. Es decir, Azcón presentó como trabajo directo lo que en realidad es una proyección inflada que incluye todo el ecosistema alrededor del proyecto. El engaño no es menor: el Decreto Ley 1/2008 que regula estas declaraciones exige valorar específicamente los “puestos de trabajo directos equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual” para conceder el interés autonómico.
La comparación con Amazon lo deja todavía más claro. Los centros de datos ya operativos en Aragón, El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca, reconocen oficialmente alrededor de 60-200 empleos por centro, según datos de la compañía y resoluciones del INAGA, muy lejos de las cifras “espectaculares” de Azcón, que multiplican exageradamente las proyecciones reales sin base sólida. Pese a la inflación de los números, la mayoría de medios compró el relato sin cuestionarlo: cabeceras estatales como la SER, El Español o El Mundo reprodujeron los 3.000 empleos directos como un mantra, convirtiendo la propaganda empresarial en "consenso informativo".
Todo esto ocurre mientras Forestalia es objeto de registros de la UCO y una investigación en Anticorrupción por la tramitación de proyectos como el clúster Maestrazgo. En ese contexto, Azcón utiliza la causa judicial para atacar al PSOE, pero al mismo tiempo se pone de perfil ante las inconsistencias del proyecto estrella de Samper y reescribe su propio discurso: donde antes había cifras astronómicas, ahora hay prudencia y apelaciones a la “pulcritud” administrativa.
La Plataforma 13M
Precisamente este martes, 23 de diciembre, la Plataforma 13M “Aragón por la Racionalidad Energética” se ha concentrado frente a la sede zaragozana de Forestalia, en el Coso nº 33, para denunciar la “burbuja renovable” y las sospechas de irregularidades. La movilización, que ha reunido a medio centenar de personas, se produce tras las recientes actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del “caso Leyre”, con registros en la empresa de Fernando Samper.
Desde la Plataforma 13M consideran que Forestalia ha sido uno de los actores centrales de esta “burbuja renovable” en Aragón, concentrando tramitaciones de parques eólicos y fotovoltaicos en un modelo especulativo que prioriza el beneficio privado y la exportación sobre el servicio público. Denuncian posibles externalizaciones ilegales de evaluaciones ambientales, incluso su redacción por las propias promotoras, vulnerando la normativa que exige intervención exclusiva de funcionarios.
Alertan también de la ausencia de planificación territorial efectiva por el Gobierno de Aragón, convirtiendo el territorio en fuente de energía para la industria europea sin retorno social ni económico para los pueblos, con graves impactos ambientales. La plataforma anuncia acciones legales: pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad su documentación recopilada y exigirá la suspensión de proyectos presuntamente fraudulentos hasta resolución judicial, pidiendo incluso la inhabilitación de la empresa si se confirman irregularidades.
