La UE autoriza redadas y detenciones prolongadas de migrantes con su nuevo Reglamento de Retorno
El Consejo de la UE sigue el modelo de ICE, aprobando registros en viviendas privadas, detenciones de hasta 30 meses y deportaciones extraterritoriales.
El pasado 8 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea votó su posición sobre el Reglamento de Retorno, la iniciativa destinada a reforzar la detención y deportación de personas indocumentadas, incluso fuera del territorio comunitario (PICUM). La propuesta incluye nuevos artículos que autorizan redadas en domicilios y otros locales “pertinentes” para localizar migrantes, ampliaciones de los motivos y la duración de la detención —hasta 30 meses, incluso para niños—, así como la posibilidad de expulsar a personas a centros de retorno situados fuera de la UE.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado estas medidas como un endurecimiento extremo de las políticas migratorias, ya de por sí punitivas. Silvia Carta, de PICUM, afirmó que el reglamento “consolida el castigo, la violencia y la discriminación” y alerta que podría empujar a más personas al “peligro y al limbo legal”. Amnistía Internacional subraya que permite secuestros prolongados y deportaciones arbitrarias con supervisión legal mínima, reproduciendo un modelo similar al de Estados Unidos.
Freek Spinnewijn, de FEANTSA, advirtió que la normativa criminaliza a migrantes y amenaza a quienes prestan ayuda humanitaria, mientras Alkistis Agrafioti, del Consejo Griego para los Refugiados, advirtió que el reglamento podría expandir las prácticas de detención y coacción ya existentes en Grecia a toda Europa. Human Rights Watch calificó la propuesta de “distópica” por autorizar redadas arbitrarias, detención de menores y deportaciones a países con supervisión mínima, violando lo que antes se conocía como "derechos fundamentales".
El reglamento entraría en vigor dos años después de su aprobación, aunque algunas medidas, como los "centros de retorno externos", serían aplicables de inmediato. Más de 250 organizaciones ya firmaron una declaración en septiembre de 2025 pidiendo su rechazo y recordando los riesgos para los derechos y la transparencia. Ahora, el Parlamento Europeo deberá negociar su propia posición y alcanzar un acuerdo con el Consejo para ultimar el texto (PICUM).
