El Parlamento Europeo legaliza las deportaciones a teceros países
La Eurocámara entierra el derecho al asilo con los votos del PPE y la ultraderecha, permitiendo expulsar solicitantes de protección internacional a Estados con los que la UE tenga acuerdo.
El Parlamento Europeo aprobó este martes, por 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones, la creación del concepto de "país tercero seguro", una figura jurídica que permite a los Estados miembros deportar a solicitantes de asilo a naciones extracomunitarias con las que la UE o sus gobiernos mantengan acuerdos bilaterales. La votación, que contó con el respaldo conjunto del Partido Popular Europeo y de los grupos de extrema derecha, consuma el desmantelamiento del "principio de territorialidad del asilo", hasta ahora pilar fundamental del "sistema de protección europeo". Según informa Il Manifesto, la medida entrará en vigor en junio de 2026 junto al nuevo Pacto de Migración y Asilo.
A diferencia del protocolo italo-albanés —que solo prevé el traslado forzoso de rescatados durante la tramitación de su solicitud—, el nuevo reglamento abre la puerta a la externalización permanente. Por tanto, una persona migrante llegada a territorio de la UE, independientemente de su origen, podría ser declarada "inadmisible" y expulsada a un país como Kenia o Túnez si existe un acuerdo bilateral. La norma también establece una lista común europea de "países de origen seguros", aprobada con 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones.
El Partido de los Socialistas Europeos votó en contra, pero registró deserciones significativas entre las delegaciones de Dinamarca, Suecia y Rumanía. La izquierda europea (The Left) rechazó el texto de forma unánime. La nueva legislación permitirá además aplicar "lo antes posible" —incluso antes de junio de 2026— las excepciones geográficas y por categorías de personas, una cláusula ambigua que el Gobierno de Giorgia Meloni pretende utilizar para reactivar las detenciones de solicitantes de asilo en Albania, bloqueadas hasta ahora por la justicia italiana.
La compatibilidad de la norma con las constituciones de cada estado es, cuando menos, problemática. El artículo 10 de la Constitución italiana, por ejemplo, reconoce el derecho de asilo "en el territorio de la República", una expresión que resulta incompatible con la expulsión a un Estado tercero. Juristas consultados por Il Manifesto anticipan que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el "contralímite", la doctrina que permite a los Estados frenar normas europeas cuando vulneran principios fundamentales de su ordenamiento. Mientras tanto, Bruselas suma un nuevo instrumento para vaciar de contenido el derecho de asilo y externalizar fronteras a cambio de incentivos económicos o chantajes políticos, en un mercado de países pobres dispuestos a internar personas deportadas por países de la UE a cambio de unos cientos de millones de euros.
