Histórica huelga educativa en Catalunya

La huelga educativa convocada este 11-F en Catalunya vació las aulas y llenó las calles con decenas de miles de manifestantes. Los sindicatos cifran la participación en más del 85%, frente al 37% que la Generalitat atribuye a "los centros que han comunicado datos". La manifestación de Barcelona reunió a más de 70.000 personas según el recuento de La Directa, una cifra que la Guàrdia Urbana reduce a 25.000. En Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa se registraron movilizaciones masivas. Ocho sindicatos —USTEC, CGT, aspepc-sps, CCOO, UGT, COS, CNT e Intersindical— respaldaron una convocatoria unitaria que califican de "éxito aplastante".

Las principales demandas del profesorado pasan por recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, reducir las ratios, aumentar las plantillas, aligerar la sobrecarga laboral, garantizar la participación democrática en los centros y mejorar las condiciones del resto del personal no docente y de atención educativa. El conflicto viene de lejos: durante más de un año se han realizado miles de encuestas, se han recogido 45.000 firmas y se han celebrado jornadas de lucha el 15 de noviembre y el 24 de enero. La noche previa a la huelga, los comités se encerraron en decenas de centros.

La jornada estuvo atravesada por varias acciones combativas, como los cortes de tráfico en las principales arterias de Catalunya —Ronda Litoral, Meridiana, Gran Via, N-II, C-58, C-17, C-55 y C-32—, así como por las cargas de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en Mataró contra un piquete informativo. Iolanda Segura, portavoz de USTEC, denunciaba la violencia policial y advertía: "Si siguen actuando así contra los maestros, escalaremos aún más la protesta". La CGT reportaba que hasta 115 centros del área metropolitana de Barcelona amanecieron con las puertas saboteadas, lo que dificultó su apertura.

La consellera d'Educació, Esther Niubó, afirmó que el Govern "entiende y comparte las demandas para fortalecer el sistema educativo" y ha reiterado su "voluntad de diálogo". Sin embargo, las declaraciones oficiales contrastan con los servicios "mínimos" impuestos por su propio departamento, que los sindicatos consideran abusivos y contrarios al derecho de huelga. Mientras el ejecutivo de Salvador Illa rebaja la participación y apela a la "negociación", miles de trabajadores del sector educativo tomaron las calles para demostrar que el descontento no admite más demora. El conflicto, lejos de resolverse, entra en una nueva fase de confrontación.