Meloni presenta un proyecto de ley para bloquear barcos de rescate y endurecer la reagrupación familiar

El Consejo de Ministros italiano ha aprobado un nuevo proyecto de ley migratorio que reintroduce el "bloqueo naval" contra las organizaciones no gubernamentales, una medida que la primera ministra Giorgia Meloni reclamaba desde que estaba en la oposición y que ahora, desde el Gobierno, ha concretado. Según informa Il Manifesto, el artículo 12 del texto autoriza al Ejecutivo a prohibir "temporalmente" el acceso a las aguas territoriales en caso de "amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional". La disposición, con una ambigüedad calculada, permite renovar el bloqueo hasta seis veces consecutivas y no descarta prolongarlo indefinidamente mediante un cambio formal de motivación.

Aunque formalmente no menciona a las ONG, está pensado exclusivamente para sus buques, ya que no resulta aplicable a las precarias embarcaciones de quienes huyen. Las organizaciones que desafíen la prohibición se enfrentarán a multas de entre 10.000 y 50.000 euros y, en caso de reincidencia, a la confiscación directa de la nave. El texto habilita además el traslado de las personas rescatadas a "países terceros distintos del de pertenencia o procedencia" con los que Italia mantenga acuerdos, como Albania, y previsiblemente otros gobiernos dispuestos a externalizar las fronteras europeas a cambio de financiación.

Internamiento de menores

La reforma no es producto de ningún delirio de Meloni. De hecho, dos tercios de la norma son un desarrollo de medidas previstas en el propio Pacto Europeo de Migración y Asilo de la Unión Europea, que entrará en vigor en junio. Entre las novedades más extremas figura la regulación del "tratamiento del menor extranjero y del menor extranjero no acompañado", que permitirá su internamiento en "circunstancias excepcionales". También se endurecen los requisitos económicos y de vivienda para la reagrupación familiar, se excluye a hijos mayores de edad y ascendientes, y reducen la edad máxima de estancia en centros de acogida de 21 a 19 años. La llamada "protección complementaria", que permitía regularizarse por inserción sociolaboral, queda prácticamente desactivada.

Centros de Permanencia para la Repatriación

Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación explícita de las condiciones de detención en los Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR), pero lo hace para prohibir el uso de teléfonos móviles y grabaciones, así como para restringir las visitas de parlamentarios y asistentes, excluyendo de hecho a profesionales legales y sanitarios independientes, convirtiendo estos centros en espacios opacos y propicios para los abusos, además del abuso del arresto administrativo en sí.

Además, se tipifican nuevos supuestos de expulsión obligatoria para delitos como hurto, amenazas con armas de fuego, delitos informáticos o resistencia agravada a la autoridad, esta última habitualmente aplicada en contextos de protesta social. Por otro lado, está la denominada "norma Almasri", que pretendía blindar como "acto político insindicable" la entrega de personas a Estados de origen por razones de seguridad nacional. Finalmente, la presión política logró eliminarla parcialmente, aunque no alteró el núcleo punitivo del texto. Las ONG anticipan ya un aluvión de recursos judiciales, una batalla que el Gobierno de Meloni parece dispuesto a librar para rentabilizar políticamente el enfrentamiento institucional y alimentar la retórica de "la defensa de las fronteras contra los enemigos internos".