Trump anula la regulación de gases contaminantes
EE.UU. elimina la base legal que limitaba las emisiones de CO2 y metano. Ambientalistas advierten que la medida causará 58.000 muertes prematuras y un sobrecoste de 1,4 billones de dólares en combustible.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, revocó este jueves el "dictamen de peligro" de 2009, el fallo científico de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del país que establecía que seis gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono y el metano, representaban una amenaza para la salud pública y debían ser regulados por el gobierno federal. En un discurso desde la Oficina Oval, Trump calificó la medida de la era Obama como "una política desastrosa que perjudicó gravemente a la industria automotriz" y "la base legal de la nueva estafa verde, una de las mayores estafas de la historia", recoge la BBC. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó la revocación afirmando que "reducirá el gasto de los fabricantes en 2.400 dólares por vehículo".
Meghan Greenfield, exabogada de la EPA y del Departamento de Justicia, explicó a la cadena británica que "el dictamen de peligro ha sido el eje central de la regulación estadounidense de los gases de efecto invernadero", abarcando no solo vehículos de motor, sino también centrales eléctricas, el sector del petróleo y el gas, el metano de vertederos y la aviación. Peter Zalzal, del Fondo de Defensa Ambiental, cuestionó el presunto ahorro: "Esto obligará a los estadounidenses a gastar alrededor de 1,4 billones de dólares en combustible adicional para impulsar vehículos menos eficientes y más contaminantes". También advirtió sobre el coste sanitario: "Hemos descubierto que la medida provocará hasta 58.000 muertes prematuras adicionales y 37 millones de ataques de asma".
Michael Gerrard, experto en derecho climático de la Universidad de Columbia, señaló que la eliminación de la normativa "realmente pone a los fabricantes de automóviles estadounidenses en una situación comprometida, porque nadie más querrá comprar coches estadounidenses". Además, Greenfield destacó que el dictamen de peligro también había servido para bloquear demandas climáticas: "Ha sido muy contundente para evitar que las reclamaciones de los demandantes lleguen a los tribunales". Con su revocación, anticipa que "los estados y las organizaciones sin fines de lucro presentarán demandas, probablemente en tribunales estatales".
La Casa Blanca abona el terreno para esta decisión encargando un informe "científico" a un panel de "escépticos" del cambio climático en el Departamento de Energía, un proceso que un juez federal dictaminó recientemente como violatorio de la ley. Greenfield advirtió sobre las posibles consecuencias de la estrategia judicial del ejecutivo: "Esto es realmente diferente, ya que la EPA se retira por completo de ese ámbito y quiere hacerlo de forma permanente. Si ganaran ese caso tal como lo plantearon ante la Corte Suprema, una nueva administración presidencial no podría cambiar esa postura, en ausencia de nueva legislación".