630.000 contratos de alquiler vencen este año con subidas de hasta el 50%

Un total de 630.000 contratos de alquiler firmados en 2021 en el Estado español expirarán a lo largo de 2026, según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo consultados por El País. Estos acuerdos, cerrados durante la pandemia, arrastran rentas hasta un 50% más bajas que las actuales, ya que su actualización anual se ha limitado al IPC o al IRAV, muy por debajo de las subidas medias del 30% al 40% que ha experimentado el mercado en los últimos cinco años. La situación afecta a 1,6 millones de personas y duplica las finalizaciones de 2025. Mercedes Robles, directora general de Arrenta, advierte de que "la situación se agravará en 2027, cuando finalizan otros 600.000 contratos".

Para los propietarios, el vencimiento abre una "oportunidad de resolver el contrato en vigor y firmar uno nuevo con condiciones económicas ajustadas al valor de mercado de 2026", explica Elena Herranz, abogada de Legálitas. Es decir, podrán imponer nuevas subidas. Montserrat Acebes, letrada sénior de Vilches Abogados, detalla las dos opciones del casero: "recuperar" la vivienda para otros fines o "renegociar" un nuevo contrato con el inquilino. El Gobierno español afirma que está estudiando penalizar en el IRPF a los arrendadores que suban los precios, pero la medida aún no está en vigor. Por el momento, ya prepara un regalo fiscal del 100% a quienes no lo hagan.

Los inquilinos se adentran en un "mercado enloquecido, con precios prohibitivos, oferta muy escasa y criterios de selección draconianos", según la misma fuente. Robles estima que "un porcentaje de inquilinos se nieguen a abandonar los inmuebles impulsando los procesos de desahucio". El abogado Emilio Rojas añade que "la retirada de pisos de alquiler por parte de los propietarios fomenta los contratos en fraude de ley y precios inaccesibles para los inquilinos". Si el casero no comunica formalmente su intención de no renovar con cuatro meses de antelación, el contrato se prorroga automáticamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años, en las mismas condiciones.

La ley establece algunas protecciones formales para los inquilinos: si no reciben la comunicación o esta es defectuosa, pueden permanecer en la vivienda. También pueden solicitar una prórroga extraordinaria de un año si acreditan vulnerabilidad social o económica y el propietario es un gran tenedor. En zonas tensionadas, la prórroga puede alcanzar tres años. Sin embargo, el vencimiento masivo de contratos anticipa un panorama desolador de desahucios y conflictos, mientras el mercado sigue desbocado y la intervención pública se da en favor de los rentistas, que siguen imponiendo el negocio sobre el derecho a la vivienda con el apoyo de los políticos profesionales; uno de cada cinco de ellos en el Congreso son rentistas.