Marruecos presenta su "plan de autonomía" para el Sáhara

Marruecos ha puesto negro sobre blanco su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental, la antigua colonia española que ocupa desde 1975. Un documento de 40 páginas elaborado por tres consejeros reales —Taieb Fassi-Fihri, Omar Azziman y Fuad Ali El Hima—, adelantado por medios marroquíes como Yabiladi y Le Desk y el español Atalayar, desarrolla la iniciativa que Rabat presentó en 2007 y que ahora ha cobrado impulso tras la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. La publicación de los detalles coincide con la reunión celebrada el pasado fin de semana en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que congregó a los jefes de la diplomacia de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania, bajo el patrocinio del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz.

El plan contempla "un gobierno regional con competencias en urbanismo, turismo, industria, pesca, sanidad y educación", entre otras, mientras que el Estado central retiene las relativas a "defensa", "seguridad", política exterior, moneda y símbolos de soberanía. Sin embargo, el presidente de del gobierno "autonómico" sería designado directamente por el rey Mohamed VI, un aspecto que la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, Irene Fernández Molina, califica de "contradictorio" en un marco autonómico. La experta señala que, en un Estado de derecho, "lo deseable sería la elección directa por la población". Fernández Molina recuerda que Marruecos obtiene una puntuación de 3 sobre 10 en el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann en materia de Estado de derecho, con un 2 en separación de poderes y otro 2 en independencia judicial.

El estatuto prevé una "asamblea regional unicameral", con una parte de sus miembros elegidos por sufragio universal directo —que también formarán parte del Parlamento nacional— y otra "designada por las tribus saharauis reconocidas", "con cuota femenina garantizada". En el plano económico, la región "podrá recaudar impuestos territoriales y regalías por la explotación de recursos naturales" —pesca, fosfatos, energía eólica y solar—, aunque el porcentaje exacto de ingresos que se quede en el territorio está por negociar. También prometen "proteger" las tierras colectivas de las tribus. Han establecido que cualquier inversión extranjera requerirá el visto bueno tanto de la región como del Estado central, un punto que podría tensar las relaciones con Argelia.

El texto incluye también un comité permanente para organizar el retorno de los refugiados saharauis de los campamentos de Tinduf (Argelia), unos 173.000 según estimaciones humanitarias, así como un mecanismo de "desarme, desmovilización y reinserción" de los combatientes del Frente Polisario, "con exclusión de quienes hayan cometido crímenes de guerra".

Sin embargo, la clave del plan reside en su aprobación: el estatuto de autonomía será sometido a referéndum en todo el territorio marroquí, no solo en el Sáhara Occidental ocupado. Fernández Molina alerta de que "esto no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación" y que aceptarlo supondría para el Polisario un "suicidio político". De ser refrendado —algo que se da por descontado—, el texto se integraría en la Constitución mediante un título específico, con una cláusula de irreversibilidad territorial que excluye cualquier derecho de autodeterminación. La investigadora advierte además de que Marruecos no aceptará ninguna tutela externa permanente: una vez aprobado el estatuto, el Sáhara pasaría a ser una cuestión de "derecho nacional" y la llamada "comunidad internacional", que ha aceptado este proceso, quedaría excluida de cualquier supervisión futura.