El Congreso vota excluir a las mujeres con burka de los espacios públicos, con el apoyo de PP y Vox

El Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición de ley de Vox que pretende prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos mediante la reforma de varias normas, incluido el Código Penal. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del PP, contempla multas de entre 600 y 30.000 euros para quienes lleven estas prendas en la vía pública, así como penas de hasta tres años de prisión para quienes "las impongan mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción". También modifica la ley de extranjería para facilitar la expulsión de personas migrantes que incurran en estas eventuales faltas, según recoge El País.

La propuesta no saldrá adelante porque Junts ya ha anunciado su rechazo y presentará un texto alternativo, pero el debate, que ya ha logrado instalarse, evidencia la sintonía entre populares y fascistas en esta materia. El PP, que necesita el apoyo de Vox para gobernar en Extremadura, Aragón y posiblemente Castilla y León tras las elecciones del 15 de marzo, ha abandonado cualquier reparo a los pactos con la extrema derecha. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, declaró el domingo que "PP y Vox deben entenderse, ser consecuentes con las urnas". La vicesecretaria popular Carmen Fúnez ironizó sobre "el feminismo que defiende el burka", en una estrategia para rentabilizar electoralmente la cuestión.

PSOE y Sumar anticipan su voto en contra. Fuentes de Ferraz citadas por El País subrayan que la medida choca con los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan la no discriminación y la libertad religiosa, y recuerdan que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que anuló normas similares en ayuntamientos. Aunque el uso del burka es testimonial en el Estado español, el texto de Vox habla de la "circulación masiva de personas con el rostro cubierto" e invoca razones de "seguridad", un argumento habitual.

Junts, que en mayo votó en el Parlament contra una propuesta de Aliança Catalana para prohibir el velo islámico, ha decidido presentar su propia iniciativa y no respaldar el texto de Vox, según anunció este martes. ERC y EH Bildu tampoco han definido su posición, aunque fuentes consultadas por El País descartan un voto favorable debido al origen ultraderechista de la propuesta.

El debate evidencia cómo la derecha y la extrema derecha siguen marcando las prioridades políticas con una agenda política que insiste en criminalizar a una minoría casi inexistente, mientras el PP utiliza la cuestión para consolidar su alianza con los fascistas, pese a sus discrepancias en otras cuestiones.

¿Qué dicen los expertos y los resultados?

Expertos en derechos humanos y organizaciones internacionales han cuestionado reiteradamente la eficacia de este tipo de prohibiciones. Human Rights Watch advierte que medidas como la propuesta por Vox "avasallan los derechos de las mujeres que eligen usar el velo" y tienen un "impacto insignificante" en la protección de quienes son obligadas a usarlo, pudiendo incluso confinarlas aún más en sus hogares al impedirles el acceso a espacios públicos . El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya determinó en 2018 que la prohibición francesa del velo integral violaba la libertad religiosa al ser "desproporcionada", y señaló que podía tener el efecto contrario al buscado: marginar a las mujeres en lugar de protegerlas .

Los resultados de países con prohibiciones similares arrojan conclusiones dispares: en el Estado francés, donde el burka está prohibido desde 2011, más de 500 mujeres fueron multadas en los primeros años de aplicación de la ley , pero organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que estas medidas han contribuido a estigmatizar a la comunidad musulmana y generar una "doble discriminación: religiosa y de género". En Bélgica, pionera en la prohibición en 2011, la ley fue aprobada pese al número "muy reducido" de mujeres afectadas, lo que llevó a académicos a cuestionar la motivación de la medida.

Mientras tanto, países como Reino Unido o Irlanda mantienen la libertad de elección sin que se hayan registrado problemas de convivencia, y en Austria el Tribunal Constitucional anuló en 2020 una prohibición similar por considerar que vulneraba el principio de igualdad al dirigirse únicamente a menores musulmanas . Algunos politólogos advierten que este tipo de debates, más que responder a un problema social real, obedecen a un "factor electoralista" que visibiliza y encona artificialmente un problema numéricamente insignificante pero con un alto potencial simbólico para desencadenar discursos racistas.