Investigan al jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares por violencia de género y maltrato familiar

El comisario principal de la Policía Local de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid), Luis Antonio Moreno, está siendo investigado por un juzgado de Torrejón de Ardoz por los delitos de violencia doméstica, violencia de género, lesiones y maltrato familiar, según han confirmado a la Cadena Ser fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia abrió diligencias tras una denuncia presentada por dos mujeres, entre ellas la que ha sido su pareja habitual y una exagente de la Policía Local de Torrejón. El procedimiento, iniciado en los últimos meses de 2025, permanece bajo secreto de sumario.

Moreno ya arrastraba un procedimiento interno por una demanda de acoso laboral y sexual interpuesta por una agente de la Policía Local de Torrejón. El citado medio detalla que en septiembre de 2025, el comisario no acudió al acto de conciliación, aunque su abogado sí lo hizo para rechazar cualquier posibilidad de acuerdo. Las acusaciones contra el máximo responsable policial de Alcalá se acumulan mientras el ayuntamiento guarda silencio y la investigación judicial avanza en la más absoluta opacidad.

La situación del jefe policial complica aún más el panorama para la alcaldesa del PP, Judith Piquet, ya imputada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos al haber permitido, supuestamente, la filtración de un atestado policial en redes sociales. Dos frentes judiciales abiertos en materia de la policía municipal y violencia de género sitúan al gobierno local en una posición delicada.

Al menos 11 casos graves procesados y documentados en prensa en tres meses

Este "caso aislado" añade otra página más al largo historial de agentes de policía implicados en casos judicializados por violencia machista que han saltado a la prensa en el Estado español. Esta misma semana, la Audiencia de Almería juzga a diez acusados de prostituir a menores, entre ellos dos policías locales y un exmilitar. A comienzos de febrero, ratificaron la condena a un guardia civil por amenazar y agredir a su exmujer con un arma. A finales de enero, un teniente de la Guardia Civil fue detenido en València por agresión sexual y maltrato. En fechas similares se daba conocer la petición de 51 años de prisión de la Fiscalía para un guardia civil por extorsión, robos y abusos en la Cañada Real, en un caso de corrupción más amplio que también incluyó abusos sexuales por tocamientos contra una mujer. Unos días antes, se conocía la sanción contra un guardia civil que fingió estar en medio de una operación al ser sorprendido en un prostíbulo durante una redada. En fechas similares, el El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ordenaba repetir el juicio al policía condenado por matar a tiros a su mujer en Ceuta. A mediados de enero, un policía nacional fue detenido por agredir sexualmente a una compañera en prácticas. Paralelamente, el Tribunal de Estrasburgo resolvía que la Policía Nacional española manipuló pruebas en dos casos de violaciones contra dos mujeres en Iruñea (Nafarroa) mediante sumisión química; uno de los agresores era familiar de un agente de policía. A principios de diciembre, se daba a conocer que un policía municipal de Bilbo (Bizkaia) perseguía a su expareja controlándola mediante GPS. Al mismo tiempo, era readmitido un guardia civil condenado por violencia machista por un "error" del Ministerio de Defensa.