La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por acoso sexual, laboral y otros cuatro delitos
Denuncia por acoso al alcalde y al partido, a quienes acusa de disuadir a la exedil de ir a los tribunales, archivar su caso y filtrar sus datos.
La exconcejala del PP en Móstoles que denunció haber sufrido acoso por parte del alcalde, Manuel Bautista, ha dado el paso a la vía penal. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, presentó este lunes una querella de 93 folios en el Tribunal de Instancia de Móstoles por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Los hechos se atribuyen tanto a Bautista como al Partido Popular como persona jurídica, en aplicación del artículo 184.5 y 31 bis del Código Penal, según informa el diario El País.
La querella detalla que los hechos comenzaron con "proposiciones sexuales explícitas y no deseadas por parte del alcalde", y continuaron con "la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación afectivo-sexual". Ese escenario habría derivado en un clima de hostigamiento laboral que llevó a la edil a entregar su acta y solicitar la baja como afiliada, después de militar en el partido desde 2010. El escrito pide que declaren como testigos once personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano; y la dirigente Ana Millán, por el papel que desempeñaron en la gestión interna del caso.
La entonces concejala pidió durante meses al PP de Madrid que activara sus protocolos internos de acoso, pero asegura que el partido no adoptó ninguna medida efectiva. En una reunión el 11 de marzo de 2024, Ana Millán habría tratado de disuadirla de acudir a los tribunales con frases como "protegerte es no hacer nada" o "una denuncia pública no te beneficiaría". La acusación señala que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP archivó el expediente sin escucharla, "sin citar a los testigos propuestos y sin notificarle el cierre". Cuando el caso trascendió a la prensa, el PP habría filtrado información tergiversada y correos personales de la afectada desde el gabinete de Ayuso, hechos que la querella señala como un delito de revelación de secretos.
El abogado Suárez-Valdés, que también llevó el caso de la exmilitar Zaida Cantera, denunció el "silencio institucional" del PP: "La omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección han obligado a nuestra representada a buscar amparo en la vía penal". El letrado advierte de que "la ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de las personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa". Mientras el PP sostiene ahora que "no había indicios suficientes" para actuar, la acusación insiste en que la investigación se alcanzó sin siquiera escuchar a la víctima, y que la mujer que pidió ayuda durante meses se enfrenta ahora a la maquinaria de desprestigio del partido al que perteneció toda su vida.
