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El diésel sube un 68% antes de impuestos

La guerra contra Irán eleva el precio del gasóleo en el Estado español de 0,82 a 1,378 euros por litro desde febrero; las ayudas fiscales solo han maquillado la escalada y expiran el 30 de septiembre.

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Foto: @WhiteHouse (X)
Foto: @WhiteHouse (X)

La guerra de EEUU e Israel contra la República Islámica de Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026, ha provocado un encarecimiento histórico del gasóleo en el Estado español. Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el precio del diésel antes de impuestos ha subido un 68% desde esa fecha, pasando de 0,82 euros por litro a 1,378 euros por litro. El precio de venta al público ha aumentado un 29%, desde 1,45 euros por litro hasta unos 1,87 euros.

En consecuencia, el impacto en el bolsillo de los consumidores se ha visto parcialmente atenuado por los sucesivos paquetes de medidas fiscales aprobados por el Gobierno español, pero la evolución mensual muestra que las ayudas frente a la presión de los precios mayoristas van perdiendo efectividad. A finales de junio, el precio de venta del diésel había subido un 18% desde el inicio de la guerra de agresión contra el país persa; a finales de julio, un 24% (hasta 1,798 euros por litro); y a 31 de agosto, un 28% (hasta 1,867 euros). En septiembre, pese a la mayor rebaja fiscal —20 céntimos por litro para el diésel tras activarse la cláusula de salvaguarda por la inflación del carburante superior al 15% en julio—, el precio medio de venta al público ha seguido escalando y se situaba este 20 de septiembre en torno a 1,92-1,93 euros por litro, superando ya los niveles previos a la ampliación del descuento.

El primer paquete de medidas entró en vigor en marzo, con una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y una rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea. Ese paquete estuvo vigente hasta el 30 de junio. Un segundo Real Decreto-ley, en vigor desde el 1 de julio, eliminó la rebaja del IVA pero mantuvo una reducción gradual del impuesto de hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y, en septiembre, 20 céntimos para el diésel y solo 5 céntimos para la gasolina.

“Maquillaje fiscal”

La rebaja fiscal, sin embargo, nunca llegó íntegramente al surtidor. Ya en marzo, FACUA-Consumidores en Acción advirtió que las medidas aprobadas por el Gobierno eran “maquillaje fiscal” porque, en lugar de fijar topes a los precios o a los márgenes de beneficio, se limitaban a bajar impuestos, que es “justo la medida que vienen reclamando los especuladores”. La asociación de consumidores denunció que el “control de márgenes” atribuido a una exigencia de Sumar no fijaba ningún límite máximo: “Vigilar cuánto se gana y fin, no hay más. Se pueden seguir subiendo los precios sin problema”, señaló su portavoz, Rubén Sánchez. Un análisis de FACUA publicado el 23 de marzo lo corroboró: una de cada cuatro gasolineras —2.337 de las 9.255 estaciones de la Península y Baleares— aprovechó la bajada del IVA para aplicar subidas encubiertas. En 175 casos el precio no varió, absorbiendo por completo la reducción fiscal, y en 54 estaciones el precio incluso subió.

El resultado fue que la bajada media del gasóleo fue de 16,1 céntimos por litro, cuando debería haber sido de 17,8 céntimos si todas las gasolineras hubieran repercutido la rebaja sin especular. Tres semanas después, el 11 de abril, FACUA confirmó que el gasóleo había vuelto a los precios previos a la rebaja fiscal en tan solo dos semanas. “Las rebajas fiscales benefician especialmente a quienes inflan sus márgenes”, subrayó la organización, que denunció que la medida se había convertido en una transferencia de dinero público hacia las cuentas de resultados de las grandes energéticas. La “resistencia sistemática” de las petroleras a repercutir las bajadas del crudo —el llamado “efecto pluma”— neutralizó por completo el supuesto “ahorro” del que presume Moncloa. Repsol, con un precio medio de 1,993 euros por litro, se situó a la cabeza de las compañías más costosas, 8,2 céntimos por encima de la media del sector.

Aunque el Gobierno español haya destinado miles de millones de euros de las arcas públicas a “contener los precios”, el litro de gasóleo se vende hoy más caro que antes de que se ampliara el descuento de 20 céntimos, y el coste de llenar un depósito medio de 55 litros supera ya los 100-106 euros, entre 20 y 25 euros más que hace un año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El 57% del parque español de turismos, comerciales ligeros, industriales y autobuses —más de 18 millones de vehículos, según Anfac e Ideauto— sigue dependiendo del diésel.

“Seguimiento” del Gobierno

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) advirtió esta semana de que, si el Gobierno no aprueba antes del 30 de septiembre un nuevo paquete de medidas, el precio del gasóleo podría subir hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para consensuar un nuevo paquete de ayudas directas al carburante. El Ejecutivo ya ha iniciado contactos: este jueves, Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se reunieron con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO para hacer un “seguimiento” del impacto de la guerra contra Irán, a dos semanas del final de las medidas fiscales vigentes. Fuentes del Ministerio de Economía han señalado ante los medios que “analizarán la evolución de los precios de septiembre” y que el Gobierno “no dejará de acompañar a las familias y a los sectores más afectados si resulta necesario”. Díaz ha pedido prorrogar las ayudas, limitar los alquileres y gravar el refino, mientras los sindicatos abogan por recuperar la excepción ibérica.

Mientras tanto, el contexto internacional no invita al optimismo. Analistas y organismos internacionales advierten de que la volatilidad en los precios del petróleo podría prolongarse mientras persistan las interrupciones en el Estrecho de Ormuz y las tensiones en Asia Occidental. Previsiones de entidades como Bank of America y Goldman Sachs sitúan el Brent en un rango de 83 a 120 dólares por barril en escenarios de interrupciones persistentes, lo que mantendría la presión sobre los derivados, especialmente el diésel. En el Estado español, el precio medio del diésel se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea y de la eurozona, según el Boletín Petrolero europeo, pero el sector profesional del transporte y la agricultura continúan reclamando un tratamiento diferenciado ante el vencimiento de las ayudas específicas al gasóleo profesional. El Gobierno tiene previsto decidir en los próximos días si prorroga o sustituye el actual marco de ayudas, cuya vigencia termina el 30 de septiembre. Cualquier anuncio se espera que se produzca tras las reuniones sectoriales previstas para la próxima semana. Lo que está claro es que, mientras la guerra contra Irán continúe, las rebajas fiscales solo podrán contener temporalmente una escalada de precios que tiene su origen en los mercados internacionales y la situación bélica, no en la política fiscal española.