Italia aprueba la nueva ley electoral de Meloni

La Cámara de Diputados de Italia aprobó este jueves de forma definitiva la reforma electoral impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, un texto determinante de cara a las próximas elecciones generales, previstas para 2027. La votación salió adelante con 227 votos a favor y 164 en contra, después de que el Gobierno pusiera tres veces la cuestión de confianza, un mecanismo parlamentario con el que el Ejecutivo exige disciplina de voto y bloquea cualquier intento de modificar el texto. Según fuentes parlamentarias citadas por la agencia Sir, responsables de Fratelli d’Italia, el partido de Meloni, siguieron desde lo alto de la cámara cómo votaban los diputados, tanto los propios como los de los demás partidos de la coalición de gobierno, para asegurarse de que respaldaban los puntos más delicados de la reforma.

El punto más importante de la ley es un premio de mayoría: la coalición que supere el 42% de los votos válidos en ambas cámaras se llevará 70 diputados y 35 senadores adicionales, hasta un techo máximo de 220 diputados y 113 senadores, es decir, el 55% de los escaños en la Cámara y el 56,5% en el Senado, excluyendo el voto en el extranjero. En la práctica, eso permite convertir un 42% de votos en una mayoría absoluta suficiente para gobernar sin depender de nadie. Si no se alcanza ese umbral, los escaños se reparten por método proporcional. Los sondeos actuales aproximan a la derecha a ese 42%. La ley también reduce las circunscripciones del exterior de las ocho actuales a tres, con una única circunscripción mundial para el Senado, entre las protestas del espacio socialdemócrata, que tradicionalmente obtiene buenos resultados en ese ámbito.

Entre los aspectos más contestados está el número de firmas necesarias para presentar listas. La ley establece cero firmas para quien ya tiene representación parlamentaria y al menos 450.000 para los nuevos grupos que quieran concurrir en todos los colegios electorales, un escalón que los constitucionalistas consideran un obstáculo insalvable para los partidos emergentes, como Potere al Popolo.

También ha generado polémica la reintroducción limitada de las preferencias: el listón que concurre al reparto de los escaños asignados por el premio de mayoría está bloqueado, y el margen de elección se recupera solo en las listas de los colegios, compuestas por siete nombres alternados por género. Los cabezas de lista siguen bloqueados, sin obligación de paridad de género. El elector podrá expresar así hasta tres preferencias entre los candidatos sucesivos impresos en la papeleta, lo que en la práctica deja la elección de candidatos en manos de los grandes partidos. Se prevén barreras de entrada del 3% en el ámbito nacional para las listas y del 10% para las coaliciones. La ley también permite el voto en el lugar de domicilio temporal a quien resida allí al menos nueve meses, tres por motivos de cura, con inscripción en un registro especial al menos 30 días después de cumplir los requisitos y en todo caso al menos 45 días antes de las elecciones. Esta posibilidad se extiende también a los cuidadores de familiares o hijos ingresados en una región distinta.

La oposición ha rechazado la reforma de forma tajante. La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, lo resumió en una acusación: “Habéis cambiado la ley electoral por miedo a perder”. Schlein sostuvo que “al Gobierno le trae sin cuidado lo que necesitan los italianos y que lo que realmente le asusta es la novedad que tiene delante: una alianza progresista capaz de disputarle el poder”. Su bancada completó el argumento sin palabras, con carteles que decían “ley estafa”. El líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, acusó al Ejecutivo de cambiar la norma por “miedo a perder” y para “perpetuar su poder”: “Existe esta sutil pero persistente nostalgia por los veinte años de fascismo que aún os inspira. Para vosotros, la democracia en su versión moderna es un régimen iliberal encubierto, una autocracia”, dijo en el hemiciclo. La diputada de Italia Viva Maria Elena Boschi criticó que, tras la derrota del Ejecutivo en el referéndum sobre la justicia el pasado marzo, “la única preocupación de Meloni haya sido cómo asegurarse el poder cambiando la ley electoral”. El portavoz de Alianza Verde e Izquierdas, Angelo Bonelli, aseguró que la propia primera ministra es consciente de que el texto es inconstitucional. Los recursos ante la Corte Constitucional ya están de camino y seguramente afectarán al requisito de las firmas, al sistema de preferencias y al recorte de las circunscripciones del exterior.