Macron amenaza con prohibir manifestaciones y señala a “grupúsculos de ultraizquierda”

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, se dirigió al país en una declaración de urgencia este domingo 18 de octubre para anunciar que los prefectos, en coordinación con los alcaldes, podrán prohibir “cuando sea necesario” ciertas concentraciones y “tomar toda acción necesaria” para “proteger las ciudades, los edificios públicos y los comercios”. En su alocución desde el Elíseo, emitida en televisión y publicada en redes sociales, el mandatario no decretó formalmente el estado de emergencia ni una suspensión general del derecho de manifestación, pero reforzó políticamente las competencias ordinarias que ya tienen los representantes del Estado en los departamentos para restringir convocatorias de protesta por “razones de orden público”. La medida se produjo al día siguiente de las masivas manifestaciones del 17 de octubre contra la carestía y el deterioro de los servicios públicos, confluyendo protestas estudiantiles y obreras, que derivaron en disturbios, saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía en varias ciudades.

Macron pretendió dividir a los “cientos de miles de manifestantes con reivindicaciones legítimas” y aquellos a los que atribuyó “la violencia”: “facciosos procedentes de grupúsculos de ultraizquierda, unidos a numerosos delincuentes”, a los que acusó de entregarse a una “violencia desenfrenada”. “Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, sentenció el presidente, que prometió ser “intransigente” con los manifestantes más combativos: “Los que han destruido deben pagar. Los que han saqueado deben reembolsar”. Con este marco, el Ejecutivo pretende aplicar la “mano dura” policial y jurídica mientras intenta desmarcar al grueso de la movilización social de los incidentes. No mencionó a los dos menores mutilados por la acción policial.

En el plano institucional, el primer ministro, Sébastien Lecornu, prese a partir de este lunes una célula de crisis para movilizar ayudas públicas rápidas a los empresarios cuyos negocios hayan recibido destrozos y saqueos. Asimismo, el jefe del Gobierno reunirá en los próximos días a partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, docentes y representantes territoriales para “abordar soluciones concretas” a las reivindicaciones sociales que originaron la protesta. Macron apeló a todas las fuerzas políticas a “condenar sin ambigüedad todas las violencias” y recordó que, a seis meses de las elecciones presidenciales, “el debate político debe dirimirse en las urnas y no en la calle”.

El Ejecutivo de Macron se enfrenta así a una movilización social masiva que une a estudiantes, sindicatos y Chalecos Amarillos contra el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo. Al tiempo que dice reconocer la legitimidad de las demandas, el Estado opta por blindar la propiedad privada, las ganancias de los empresarios a sus propios edificios institucionales, facultando a los prefectos para actuar limitar el derecho a la protesta, con una estrategia política que combina una fuerte criminalización de los sectores más combativos con una aparente “apertura al diálogo” que busca desmovilizar mediante la división en las calles.