Dinamarca blinda por ley el uso de la “fuerza física” contra alumnos por “perturbar” la clase

El Gobierno de Dinamarca, encabezado por los socialdemócratas, ha presentado en el Parlamento (Folketing) el proyecto de ley L 45 que autoriza a los profesores a recurrir a la fuerza física contra los alumnos en supuestos que van más allá de los permitidos hasta ahora. La propuesta, impulsada por el ministro de Educación Magnus Heunicke, establece que la intervención física debe ser “siempre el último recurso”, pero faculta al personal docente y de ocio escolar a “agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o llevarlo fuera del aula en contra de su voluntad”.

Los supuestos previstos incluyen “agredir físicamente a otros”, “dañar la propiedad”, “ponerse a sí mismo o a otros en peligro”, así como “acosar o insultar de forma no insignificante” o “perturbar de manera significativa la enseñanza para otros”, abarcando también las “agresiones psicológicas”. La interpretación de los hechos que pueda justificar el uso de la “fuerza” recae sobre los profesores. La medida, que se prevé entre en vigor el 1 de agosto de 2027, supone una ampliación de las competencias policiales en el ámbito educativo casi 60 años después de que Dinamarca prohibiera por primera vez los castigos corporales en las escuelas en 1967.

El Ejecutivo justifica la reforma en el supuesto “deterioro de la convivencia en las aulas”. Un estudio de Epinion/Als Research publicado a principios de octubre revela que en el 55% de las clases se habría producido al menos un episodio de violencia física entre alumnos en 2025, y en el 36% de las aulas estos incidentes ocurrirían al menos una vez al mes. En la educación primaria temprana (0.º a 3.º curso), las cifras se elevan al 75% y al 61%, respectivamente. Además, el estudio afirma que “una de cada cinco clases registró violencia física contra el personal”. Otra encuesta de Danmarks Lærerforening (2024) recogió que ~57 % de los miembros consideró abandonar la profesión en el último año, principalmente por desajuste entre tareas y recursos/tiempo y por el ambiente psicosocial. El ministro Heunicke defendió que “los profesores no deben tener dudas sobre lo que pueden hacer cuando una situación empeora”, y añadió que “ningún profesor debe temer el despido por haber intervenido cuando era necesario”. El sindicato mayoritario, Danmarks Lærerforening, ha respaldado la medida argumentando que refuerza la “seguridad jurídica” del profesorado y “garantiza el derecho de la mayoría de los estudiantes a un entorno ordenado”.

El personal sin formación pedagógica ya representa el 20% de la plantilla

Sin embargo, la propuesta ha desatado fuertes críticas entre investigadores y organizaciones de defensa de la infancia, que la consideran una respuesta punitiva a un problema estructural. Louise Klinge, una de las voces más reconocidas en el ámbito educativo danés, califica la ley de “una solución desesperada e ineficaz para un problema mucho mayor” que “conlleva el riesgo de crear un entorno más inseguro en los centros”. Klinge señala que las causas del deterioro no son la “falta de autoridad”, sino los recortes de fondo: menos tiempo de preparación para los docentes, la incorporación de personal sin formación pedagógica (que ya representa el 20% de la plantilla) y una digitalización acelerada que mantiene a los alumnos una media de tres horas y media diarias frente a pantallas. “Los políticos no deberían inventar más reformas. Simplemente deberían priorizar los recursos y el dinero para las escuelas”, sentencia la investigadora.

“Un paso retrógrado”

Las organizaciones de derechos de la infancia coinciden en el diagnóstico expuesto por algunos expertos críticos. Rasmus Kjeldahl, director de Børns Vilkår, considera el proyecto “un paso retrógrado” que permite a los profesores “ser más duros con los estudiantes” y advierte de que sacar a un alumno por la fuerza puede agravar problemas subyacentes de vulnerabilidad, aumentando el absentismo. En las consultas previas, el Consejo de la Infancia (Børnerådet) y el Instituto Danés de Derechos Humanos criticaron la insuficiencia de garantías para los alumnos, como la falta de derecho a ser oídos, mecanismos de queja claros y una supervisión externa, además del riesgo de uso desproporcionado contra menores con discapacidad.