Más de 70 entidades se movilizan contra el mayor desahucio colectivo de los últimos años en Catalunya, cuyos habitantes, mayoritariamente migrantes, carecen de alternativa habitacional.
En junio desalojaron a dos familias sin previo aviso en Iruñea, y el sindicato ha presentado un recurso; es la primera vez que se judicializa un caso así desde la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda.
El Sindicato de Vivienda de Carabanchel denuncia que SAREB reactivó arbitrariamente los desalojos mientras fuerza contratos abusivos en otras 8 viviendas del bloque de María Guerrero.
Los Mossos ejecutan el desahucio una hora antes de lo previsto y detienen a una miembro del Sindicat d'Habitatge Socialista que intentaba mediar para impedirlo.
