El Sindicato Socialista de Vivienda denuncia los “bulos” difundidos del PSOE-PNV y ‘El Correo’ a raíz del desahucio en Gasteiz

La Ertzaintza y la Policía Municiapal de Gasteiz (Araba, Euskal Herria) desahuciaron el pasado viernes en el barrio de Sansomendi a una familia con seis menores, y lo hicieron, además, con una violencia desmedida: las fuerzas policiales cargaron en una docena de ocasiones contra las personas que protestaban contra el desahucio, dejando cerca de 100 heridos.

Sin embargo, según ha denunciado el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, el Ayuntamiento (PSOE-PNV) y varios medios de comunicación han puesto en marcha una “gran campaña de criminalización y difamación” contra la familia y los manifestantes. Según la organización, su objetivo es “generar una interpretación clasista y racista de lo ocurrido” y, desviando el foco, “ocultar las responsabilidades institucionales” de quienes son responsables del desahucio. Para responder a ello, el sindicato ha desmentido algunos de los bulos que se han difundido ampliamente.

La “alternativa” ofrecida por los servicios sociales: apartamentos turísticos y literas

Como ha ocurrido en otros municipios, el Ayuntamiento de Gasteiz ha afirmado que la familia “rechazó una alternativa habitacional”. Sin embargo, el sindicato ha aclarado que “nunca ha existido una alternativa habitacional”. “Los Servicios Sociales de Base únicamente ofrecieron una lista de viviendas de alquiler, la mayoría apartamentos turísticos, y la familia tenía que llamar para intentar encontrar un alquiler en el mercado libre. Así lo hicieron, sin obtener ningún resultado”.

Por si fuera poco, el jueves, un día antes del desahucio, ofrecieron a la familia una opción precaria: acudir al albergue municipal, a pesar de que reconocen que no es una alternativa adecuada para menores de edad. Se trata de un recurso destinado a personas sin hogar, disponible únicamente de 20:00 a 08:00 horas y con habitaciones y literas compartidas. Aun así, el viernes, cuando la Policía la expulsó de su vivienda, la familia tuvo que aceptar la opción del albergue. “El desahucio no se ha llevado a cabo porque la familia rechazara una alternativa habitacional; de hecho, finalmente la ha aceptado. Esa supuesta alternativa llegó apenas unas horas antes del desahucio y no influyó en su ejecución”.

Las instituciones han renunciado a cumplir con sus obligaciones

El sindicato ha recordado, además, que la legislación española y la de la Comunidad Autónoma Vasca establecen que no se puede desahuciar a una familia con menores si no existe una alternativa habitacional. “El Gobierno Vasco está legalmente obligado a ofrecer una alternativa y, en teoría, de lo contrario no podría ejecutarse el desahucio. En este caso, por tanto, ha habido una dejación de funciones: no existía ninguna propuesta unas horas antes del desahucio, y difícilmente puede considerarse que la propuesta que finalmente se hizo fuera una alternativa habitacional”.

Mentiras sobre la familia: ¿ayudas de 2.450 euros?

El Correo publicó que la familia desahuciada recibe ayudas económicas de casi 2.500 euros, reforzando así los bulos racistas. Sin embargo, el sindicato ha aclarado que esa cifra no es más que una estimación falsa realizada por el diario del grupo Vocento. “La familia recibe ayudas, sí, porque tiene derecho a ellas, pero la cantidad varía de un mes a otro”. Ante esta situación, el sindicato ha vuelto a poner el foco en la cuestión de fondo: “Repetir una y otra vez ese dato no cambia lo esencial del asunto y solo tiene un objetivo: generar odio hacia las personas racializadas. “El problema sigue siendo el mismo: la clase trabajadora vive en condiciones de precariedad e inestabilidad laboral; en ocasiones consigue trabajo y en otras no. Este es también el caso de esta familia. Además, es absurdo insinuar que unos ingresos de esa cuantía puedan garantizar la estabilidad y el acceso a una vivienda para una familia de ocho miembros”.

El sindicato ha recordado que, por cada vivienda de alquiler anunciada en Gasteiz en Idealista, se presentan una media de 131 solicitudes. También ha señalado que a las familias racializadas les resulta especialmente difícil conseguir que los propietarios acepten sus solicitudes, sobre todo cuando hay tantos menores de edad. Por ello, la organización socialista considera que algunos medios de comunicación pretenden relegar a un segundo plano “lo verdaderamente importante”: “El mercado libre expulsa a la mayoría y, mientras tanto, el mercado protegido no ofrece alternativas”.

¿No hay viviendas para todo el mundo?

Por otra parte, el sindicato ha aludido a una falsa confrontación promovida por los medios de comunicación, ya que muchos han destacado que los propietarios de la vivienda de Sansomendi habían solicitado el piso para uso propio. “Ese uso personal puede estar justificado en algunos casos, como en este. Pero muchas veces no es así, y se convierte en una vía que utilizan los propietarios para eludir la ley y expulsar a los inquilinos con el objetivo de maximizar sus beneficios”.

Tras explicar esta cuestión, el sindicato ha señalado que es un error “enfrentar a personas vulnerables expropiadas con propietarios vulnerables”. Y ha añadido: “Quieren azuzar una guerra entre quienes están en el último y en el penúltimo escalón, bajo la falsa premisa de que no hay para todo el mundo. En lugar de luchar por derechos garantizados para todos, quieren sumirnos en una lucha fratricida por las migajas”. Frente a ello, el sindicato defiende que la vivienda debería ser un derecho garantizado para todo el mundo.

Lo que ocultan: cerca de 100 heridos y un despliegue policial sin precedentes recientes

Por el contrario, tanto el Ayuntamiento de Gasteiz como la mayoría de los medios de comunicación han minimizado de forma significativa la violencia y el enorme despliegue policial utilizados para ejecutar el desahucio del viernes. Según el recuento del sindicato, la Ertzaintza hirió al menos a unas 90 personas que se habían congregado para protestar contra el desahucio. “Las dimensiones del dispositivo policial no tienen precedentes, al menos desde el desalojo del gaztetxe de Kukutza.

“Además, la forma de actuar de la Ertzaintza se aleja mucho de sus procedimientos habituales en los desahucios: llegaron corriendo y disparando pelotas de foam, sin avisar previamente ni pedir a los manifestantes que se dispersaran. Se produjeron cientos de disparos directamente contra las personas, muchas de las cuales ni siquiera estaban participando en la protesta y simplemente se encontraban en las inmediaciones. Cargaron en una docena de ocasiones, incluso cuando la protesta ya se había disuelto y cuando la familia ya había sido desahuciada. Emplearon una violencia tremenda, principalmente contra personas menores de edad”.

Ante estos hechos, el sindicato considera que “un dispositivo de estas dimensiones y una actuación de este tipo exigen explicaciones del Gobierno Vasco”.