La violencia machista repunta: 50.106 víctimas en un trimestre

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha registrado en el segundo trimestre de 2026 un total de 50.106 víctimas de violencia de género, un 7,64% más que en el mismo periodo del año anterior, según el último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Las denuncias presentadas ascendieron a 55.712, lo que supone un aumento del 9,81%.

La tasa de víctimas registradas se sitúa en 20 por cada 10.000 mujeres. De todas ellas, el 65,35% eran españolas y el 34,65%, extranjeras, lo que evidencia la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes ante la violencia machista, en un contexto donde el acceso a derechos y la protección institucional se ven condicionados por la situación administrativa. Además, 113 menores quedaron identificados como víctimas en las denuncias, un 7,6% más que en el mismo trimestre de 2025.

Un dato especialmente preocupante del informe es el aumento de las mujeres que se acogieron a la dispensa legal de la obligación de declarar contra sus agresores: un 3,3% más que en 2025, hasta alcanzar las 5.732 mujeres, lo que representa el 11,44% del total de víctimas. Esta cifra expone las condiciones materiales de dependencia económica, miedo y falta de redes de apoyo que enfrentan las mujeres, así como la desconfianza hacia un sistema judicial que las revictimiza. La inmensa mayoría de las denuncias (siete de cada diez) fueron presentadas por las propias víctimas, mientras que solo el 1,52% procedieron de su entorno.

A pesar de la alta tasa de condenas (16.553 sentencias, de las cuales 13.676 fueron condenatorias, el 82,62%), el sistema sigue mostrando fisuras en la protección institucional. Los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron un 93,78% de condenas, mientras que las audiencias provinciales se quedaron en el 77% y los juzgados de lo penal en el 71,81%.

En cuanto a las medidas de protección, se solicitaron 12.143 órdenes y se adoptaron 8.389, lo que supone que se denegaron casi un tercio de las peticiones. Del total de mujeres que solicitaron protección, 6.283 eran españolas (60,5%) y solo 49 eran menores de edad. Los tribunales dictaron además 14.902 medidas cautelares penales, siendo las más frecuentes el alejamiento (6.072) y la prohibición de comunicación (5.743).

Por comunidades autónomas, las tasas más altas se registraron en Balears (29,4), País Valencià (23,9), Madrid (23,8), Canarias (23,7), Nafarroa (23,6), Andalucía (22,6), Murcia (20,5) y Asturies (20,1), todas por encima de la media estatal. Las cifras muestran una violencia estructural que se recrudece en un contexto de empobrecimiento, crisis de la vivienda y recortes en los servicios públicos. La respuesta del Estado se limita mayormente en el ámbito punitivo y judicial, mientras las condiciones materiales que atrapan a las mujeres (salarios de miseria, alquileres inasumibles, falta de plazas en casas de acogida) permanecen intactas.