A juicio otro policía local por usar VioGén contra una víctima: Santander repite el patrón de Granada

El titular de la Plaza de Instrucción n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander (Cantabria) ha abierto juicio oral a un policía local por acceder repetidamente al sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una mujer que no estaba bajo su custodia y pedir después al agente de la Policía Nacional encargado de “protegerla” que lo rebajara de medio a bajo, según Europa Press Cantabria y Cadena SER, a partir del auto notificado y de los datos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El instructor recogió que el acusado, destinado en la autoproclamada Oficina de Protección de Víctimas, actuó presuntamente “abusando de su condición de funcionario con acceso al Sistema de Seguimiento Integral para Víctimas de Violencia de Género” y que consultó los datos “pese a que el citado funcionario no tenía encomendada la protección de esa víctima y sí únicamente la de su agresor”, que tenía la condición de víctima protegida por una denuncia previa contra ella. El auto señala que entre el acusado y el presunto agresor existía “una relación personal, porque el segundo era arrendador del primero”.

La Fiscalía considera que el agente es autor de un delito contra la intimidad y pide cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y 3.000 euros de indemnización por daño moral. La acusación particular que ejerce la mujer reclama tres años de prisión, 8.100 euros de multa, seis años de inhabilitación absoluta y 6.000 euros de indemnización. El auto declara competente a la Audiencia Provincial de Cantabria, emplaza a la defensa a presentar su escrito y le impone una fianza de 4.000 euros, y declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario, por lo que el Consistorio deberá comparecer en diez días con abogado y procurador. El magistrado rechazó el sobreseimiento pedido por la defensa y sostuvo que “el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí”, y que “maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori”.

Dos “casos aislados” judicializados en dos semanas

La semana pasada un juzgado de Granada inició el proceso contra el exjefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, y a otros siete agentes por presuntos accesos irregulares al mismo sistema para obtener información de la expareja de un subinspector maltratador del cuerpo. La magistrada les imputa delitos de descubrimiento y revelación de secretos por hasta 35 consultas no autorizadas a la ficha de la mujer y de su hija menor entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, pese a que la protección correspondía en exclusiva a la Guardia Civil. Entre los procesados están un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores y cinco agentes más de esa unidad, con la agravante por su condición de funcionario público y prevalimiento del cargo. El auto precisa que la Policía Local de Granada “no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica a la víctima”, y que las consultas generaron en ella “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima de violencia de género en el sistema, pensando incluso que podía ser localizada por su expareja”. El subinspector maltratador, Víctor G.B., cumple condena por violencia física y psicológica sistemática desde 2017 y afronta otras diez causas, entre ellas una presunta trama de amaño de oposiciones con 43 investigados.

La Asamblea de la Juventud Trabajadora de Granada (AJT Granada) denunció, a propósito del caso granadino, que “no se trata de manzanas podridas ni de hechos aislados” y que “no podrá existir un combate efectivo contra la violencia machista mientras la presunta protección de las víctimas recaiga en el estado capitalista y burgués y la policía”.

Los dos procedimientos, el de Santander y el de Granada, muestran que agentes con acceso al sistema consultan datos de mujeres cuya “protección” no les corresponde y, en el caso santanderino, presionarían para alterar la valoración del riesgo. En ambos casos las acusaciones sostienen que los accesos fueron reiterados y que se produjeron mientras la víctima estaba bajo la “protección” de otro cuerpo policial.