El primer ministro Sébastien Lecornu anuncia la iniciativa ante el lobby sionista y advierte que "llamar a la destrucción de Israel es un llamamiento a la puesta en peligro de todo un pueblo".
Sindicatos de Murcia, País Valencià y Aragón recurren los servicios "mínimos" del 75% en no esenciales y del 100% en críticos, lo que ilegaliza de facto la huelga.
La ministra del Interior propone cambiar la Ley de Orden Público y evaluar el “impacto acumulativo” de manifestaciones: "Que tengas un derecho no significa que tengas que hacer uso de él todos los días".
Moviliza al aparato de estado para desarticular “organizaciones y redes de violencia política”, define “extremismo” por creencias y manifestaciones, y habilita designaciones internas de “terrorismo doméstico”.
El uso del spyware Graphite contra periodistas y activistas provoca una crisis política; las autoridades italianas cortan lazos con la empresa israelí mientras el Garante Privacy avisa de multas millonarias.
Una reforma legal impulsada por el gobierno equipara el comunismo y el nazismo, penalizando con hasta cinco años de cárcel la promoción de ideologías consideradas “totalitarias”.
Mientras el Estado español mete en la cárcel a siete sindicalistas en una sola semana, el presidente abandera el lema "Democracia Siempre" en América Latina.
