La ministra del Interior propone cambiar la Ley de Orden Público y evaluar el “impacto acumulativo” de manifestaciones: "Que tengas un derecho no significa que tengas que hacer uso de él todos los días".
Moviliza al aparato de estado para desarticular “organizaciones y redes de violencia política”, define “extremismo” por creencias y manifestaciones, y habilita designaciones internas de “terrorismo doméstico”.
El uso del spyware Graphite contra periodistas y activistas provoca una crisis política; las autoridades italianas cortan lazos con la empresa israelí mientras el Garante Privacy avisa de multas millonarias.
Una reforma legal impulsada por el gobierno equipara el comunismo y el nazismo, penalizando con hasta cinco años de cárcel la promoción de ideologías consideradas “totalitarias”.
Mientras el Estado español mete en la cárcel a siete sindicalistas en una sola semana, el presidente abandera el lema "Democracia Siempre" en América Latina.
La presión social y política mantiene viva la exigencia de libertad plena para las seis condenadas por protestar ante la pastelería gijonesa, mientras Moncloa sigue estudiando su indulto.
Las sindicalistas condenadas deberán cumplir tres años y medio de cárcel por su lucha contra el acoso laboral; el grupo de apoyo y movimientos sociales preparan movilizaciones en defensa de la libertad sindical.
