Libertades políticas
Creba Socialista denuncia un veto político por parte del Concello de Santiago
Le han negado el uso de un espacio público a la organización juvenil tras previa autorización. Lo asocian a "un veto por parte del gobierno de BNG y Compostela Aberta".
Sindicatos convocan una huelga general contra el gobierno en Marruecos
Las principales centrales sindicales protestarán contra la ley de huelga y la crisis económica en una jornada de paro en todo el Estado marroquí el 5 de febrero.
Siria: Inquietudes ante la ilegalización de partidos del Frente Nacional Progresista
La reciente disolución del Partido Baaz y de todas las formaciones del Frente Nacional Progresista (FNP) en Siria genera preocupaciones sobre el futuro de las libertades políticas en el país.
Cuatro alumnos de la UPO declaran tras ser denunciados por un profesor acusado de actitudes machistas y racistas
El catedrático José Luis Sarasola los acusa de "coacciones, acoso y delitos contra la integridad moral" tras las protestas estudiantiles en su contra durante el pasado curso.
Empresas alemanas investigadas por explotación laboral ilegal en Serbia
Proveedores de Mercedes, Audi y BMW acusados de violaciones de derechos laborales.
Denuncian a Milei ante tribunales internacionales por violación de derechos humanos
Abogados argentinos han presentado una denuncia contra el presidente por declaraciones que justifican la represión violenta de la oposición política.
Pedro Sánchez propone eliminar el anonimato en redes sociales y regular los algoritmos en el Foro de Davos
El presidente español plantea medidas para "combatir la desinformación", pero genera debate sobre los riesgos para las libertades políticas y civiles.
Siete años de prisión por un tuit de apoyo a Palestina
El Estado francés lleva a juicio a Anasse Kazib, sindicalista y militante, acusándolo de "apología al terrorismo" por un tuit de apoyo al pueblo palestino publicado en 2023.
CCOO y UGT firman un acuerdo con Ayuso que restringe las libertades políticas de los trabajadores públicos
El acuerdo incluye una cláusula que penaliza las huelgas y movilizaciones, limitando la capacidad de los empleados públicos de defender sus derechos laborales en la Comunidad de Madrid.