Organizaciones sociales denuncian que la inclusión del artículo 2.2 anulado por la justicia en la nueva ley de vivienda limitará de nuevo el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, afectando especialmente a quienes no pueden acreditar un título legal de residencia.
Cáritas Diocesana de Madrid alerta de un aumento del 20% en la exclusión social en la región, acelerado por la precariedad laboral y la crisis de la vivienda.
El 29,2% de los menores vive en situación de pobreza, según EAPN-ES, en un contexto donde el coste de la vivienda crece muy por encima de los salarios y las ayudas públicas apenas llegan a las familias con hijos.
El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa revisará si la normativa española sobre el IMV cumple con la Carta Social Europea tras denuncias por cobros indebidos y perjuicios a las personas beneficiarias.
