56 colectivos, espacios y gaztetxes denuncian la nueva ley contra la ocupación aprobada en el Congreso de los Diputados

Decenas de agentes sociales de Euskal Herria advierten que la normativa, impulsada por el PNV y apoyada por EH Bildu, ERC y Junts, “facilita los desalojos rápidos y criminaliza a la clase trabajadora”.

Rueda de prensa de los 56 colectivos, espacios y gaztetxes en Vitoria-Gasteiz.
Foto: Gedar Langile Kazeta

Un total de 56 gaztetxes (centros juveniles), espacios sociales y colectivos de Euskal Herria se han reunido este viernes en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz (Araba) para rechazar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada hace una semana en el Congreso de los Diputados. La normativa, que agiliza los desalojos de inmuebles ocupados, fue propuesta por el PNV y contó con el respaldo de EH Bildu, PP, ERC y Junts, entre otros. Según los agentes sociales, esta medida “endurece la criminalización de la ocupación, vulnera el derecho a la vivienda y golpea especialmente a los sectores más vulnerables de la población”.

Los colectivos denuncian que la ley “condena a familias a la calle en un contexto de precariedad habitacional creciente, obstaculiza la organización social al amenazar con la desaparición de espacios autogestionados y refuerza un modelo judicial que beneficia a quienes tienen mayor poder económico”. En definitiva, los colectivos y espacios reunidos creen que esta legislación “solo busca proteger los intereses de la burguesía, mientras pisotea los derechos de las clase trabajadora”.

Además, hacen especial hincapié en el papel de EH Bildu y otras formaciones de izquierdas que votaron a favor de la medida: “Aunque intenten justificarlo como un error, sabemos que en el Congreso los ‘errores’ son fruto de negociaciones”, afirman. Subrayan que esta normativa, que permite juicios exprés y reduce las posibilidades de defensa, “es un paso más hacia un sistema donde quien tiene dinero, tiene la razón”.

Los portavoces advierten que estas políticas no eliminarán la ocupación, ya que “persistirá la desigualdad estructural que las origina”. Denuncian, además, que la reforma se enmarca “en un contexto de aumento de la represión, con más competencias y recursos para la policía, así como una creciente estigmatización de los colectivos solidarios”. Han concluido la rueda de prensa argumentando que la nueva ley “presenta a las clases trabajadoras como responsables de su miseria, mientras el sistema que la genera permanece intacto”.