En los últimos años, cerca de 3.000 sindicalistas han sido investigados o imputados en la región entre Milán y Piacenza por protestas laborales, según declara el abogado Eugenio Losco, especializado en la defensa de trabajadores y activistas sindicales en el sector de la logística y transporte en el diario il Fatto Quotidiano. Estas cifras, difundidas en la antesala del congreso “Lucha sindical: ¿derecho o delito?”, reflejan solo una parte de una realidad más amplia, con centenares de casos adicionales en otras provincias como Módena y Parma.
El encuentro, organizado por la asociación de juristas laborales Comma 2, se celebra en un contexto marcado por el debate sobre el proyecto de ley de seguridad promovido por el ministro Matteo Piantedosi. Este endurece las penas por acciones sindicales al tipificar delitos como bloqueos y ampliar el uso de medidas restrictivas como las órdenes de alejamiento (fogli di via) y los daspo, herramientas que han sido utilizadas con frecuencia contra líderes sindicales en Piacenza, un centro clave de la logística italiana.
Entre los casos más recientes, destaca la denuncia contra 19 miembros del sindicato Si Cobas por acciones realizadas en 2023 para evitar el despido de 370 empleados de un almacén de Leroy Merlin. Las autoridades calificaron el volanteo y otras formas de protesta como “violencia privada” y “sabotaje”, argumentando que “afectaron el funcionamiento del comercio”.
Una legislación que podría limitar derechos fundamentales
El proyecto de ley en discusión genera preocupación entre abogados y sindicatos, ya que podría criminalizar protestas protegidas hasta ahora por el derecho de huelga. Lorenzo Venini, abogado laboralista, advirtió sobre el impacto desproporcionado en trabajadores migrantes, quienes enfrentan un riesgo mayor de perder permisos de residencia o ciudadanía por denuncias penales relacionadas con protestas no violentas. “La situación es alarmante; este proyecto daría un fuerte impulso a la represión sindical”, afirma Venini.
El congreso de Piacenza reúne a juristas, magistrados y representantes de sindicatos afectados, como USB, Si Cobas y Filt Cgil, para analizar estrategias frente a lo que consideran un retroceso en los derechos laborales y sindicales en Italia.
