El Consejo de Europa ha reiterado este miércoles su solicitud al Gobierno español para revisar la legislación sobre despidos improcedentes, exigiendo que las indemnizaciones sean “realmente disuasorias” para los empresarios. Esta recomendación, que considera insuficientes las medidas tomadas por el Gobierno de coalición español, sigue la línea del dictamen emitido en julio por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que dio la razón a los sindicatos tras una demanda presentada en junio de 2022. Según el CEDS, las compensaciones actuales, calculadas en base a 33 días por año trabajado y con un límite de 24 mensualidades, “no reflejan adecuadamente el daño sufrido por los trabajadores ni cumplen con su función disuasoria”.
La recomendación ha generado una división dentro del Gobierno de coalición. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Sumar y responsable principal de la ley aprobada, ha insistido en “la necesidad de adaptar las indemnizaciones a las circunstancias individuales de cada trabajador”. Por su parte, el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, se muestra reticente a realizar cambios inmediatos, argumentando que “el tope actual ofrece seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores”. Durante el examen ante el CEDS, el Gobierno español defendió este límite, pero su argumento fue rechazado por el comité europeo, que instó a reformar la normativa.
Aunque la legislación aún no ha cambiado, algunas sentencias judiciales en el Estado español ya han empezado a aplicar las recomendaciones europeas como base para aumentar las indemnizaciones. El Consejo de Europa considera que “las reformas deben permitir que las compensaciones reflejen el daño real y las circunstancias específicas de cada caso”.
